El Gobierno del Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón, se enfrenta a una escalada de presión sin precedentes desde el sector educativo que amenaza con sumir a la región en una crisis institucional de gran calado. Este martes, 3 de junio de 2025, la ya tensa situación dio un vuelco dramático con el anuncio de 105 directores de centros educativos públicos –cifra que representa aproximadamente un tercio del total en la región– de su intención firme e irrevocable de presentar su dimisión en bloque. Este ultimátum, comunicado por carta directamente al presidente Barbón, se materializará "si se sigue demorando un acuerdo que solucione la grave crisis que atraviesa la educación pública".

La drástica decisión de los equipos directivos, tomada al margen de las organizaciones sindicales tras una asamblea celebrada en Illas el pasado 20 de mayo, se suma y amplifica el órdago lanzado por el profesorado asturiano, que hoy, miércoles 4 de junio, cumple su vigesimotercer día de huelga indefinida. Esta huelga fue precedida por una histórica y multitudinaria manifestación el domingo 12 de mayo, y se ha visto acompañada de encierros de docentes en la consejería de Hacienda y en diversos centros educativos, evidenciando un hartazgo generalizado que pone al ejecutivo de Barbón contra las cuerdas.

La situación se ve agravada por la reciente dimisión, el pasado 27 de mayo, de la consejera de Educación, Lydia Espina, quien en su carta de despedida aludió con sinceridad al "impacto de esta situación en su salud personal". Un peaje que los directores firmantes aseguran comprender y compartir íntimamente. "Muchas y muchos de nosotros y nosotras estamos pagando un precio altísimo: el de nuestra salud. Las cifras de ansiedad, agotamiento y estrés crónico de los Equipos Directivos en Asturias están avaladas por informes de salud y prevención de riesgos laborales", denuncian en su misiva a Barbón, subrayando que, a diferencia de la exconsejera, a ellos no se les permite "dimitir con la misma libertad", siendo a menudo "empujados a aceptar responsabilidades imposibles, sin recursos suficientes y con una carga emocional, administrativa y burocrática desmesurada".

En su contundente carta, los directores aseguran "sentir impotencia" y afirman que su decisión "no nace de un impulso repentino, sino del profundo convencimiento de que no podemos ser cómplices de un sistema que se aleja cada vez más de los principios que históricamente hemos defendido". Critican la "precariedad" de sus centros y la inacción administrativa ante problemas acuciantes: "No queremos seguir viendo nuestras aulas masificadas, a nuestros compañeros y compañeras agotados, mendigando apoyos para poder atender como se merecen a nuestro alumnado". Describen aulas con 25 alumnos, grupos heterogéneos con alumnado recién llegado sin dominio del idioma, alumnado vulnerable, y un número de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que a menudo supera el máximo permitido, además de otros con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) "que para la administración son invisibles".

Las reivindicaciones, detalladas en un "Manifiesto" previo y reiteradas en la carta, son claras: ordenar los recursos personales, un marco regulatorio para la educación especial, la dotación de personal especializado (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Auxiliares Educativos, Orientadores y Personal de Servicios a la Comunidad), la reducción de ratios, un plan de choque contra la burocracia, mejoras en infraestructuras y una equiparación salarial que consideran de "justicia", recordando que son "los docentes peor pagados del Estado". Afirman que se les responde con frases como "no hay dinero" o "ya tenéis lo que os corresponde", cuestionando si alguien "ha entrado últimamente en nuestras aulas y ha visto lo que sucede".

La presión sobre Adrián Barbón es máxima. Tras ser abucheado por profesores a su llegada a un acto público, donde reconoció "entender el malestar" y empeñó su "palabra con la educación", ahora se enfrenta a esta amenaza de descabezamiento de un tercio de sus centros. El nuevo equipo negociador del Gobierno, compuesto por la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez –en un intento de dar mayor peso político a la interlocución tras la salida de Espina–, tiene programada una reunión crucial con la junta de personal docente para esta misma tarde del miércoles 4 de junio. Sobre la mesa, la urgencia de encontrar una salida dialogada que frene lo que los propios directores califican como "una revolución del sistema educativo". De no alcanzarse un acuerdo convincente, la amenaza de dimisiones masivas podría sumir a la educación asturiana en un escenario de ingobernabilidad con consecuencias directas para miles de estudiantes, poniendo al Gobierno de Barbón ante el precipicio. "Antes que perpetuar una farsa, elegimos defender los principios por los que decidimos dedicarnos a esto", concluyen los directores, dejando claro que su paciencia ha llegado al límite.