La jueza deja en libertad a los hermanos de Luisín, el hombre con graves discapacidades hallado muerto en una cuneta de Somiedo en 2015. La investigación apunta a que pudieron dejarlo morir para seguir cobrando su pensión.

Uno de los misterios más inquietantes y largos de la crónica negra asturiana ha dado un inesperado giro. La jueza Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Gijón, ha decretado la libertad provisional para Enrique y Enriqueta J.C., los hermanos de Luis María J.C., apodado "Luisín", cuyo cadáver apareció en enero de 2015 en una cuneta helada del Parque Natural de Somiedo.

Luisín, que nació con graves deformidades físicas, parálisis cerebral, ceguera y sordera, vivía bajo el cuidado de sus hermanos, quienes tras su muerte —según confesaron ellos mismos— decidieron ocultarlo y trasladar el cadáver a la cuneta de Somiedo. El objetivo: seguir cobrando su pensión de invalidez, que habría generado un fraude de cerca de 300.000 euros durante una década.

La muerte de Luisín permaneció sin resolver desde que un operario de mantenimiento hallara su cuerpo parcialmente congelado en 2015, sin signos aparentes de violencia pero en un estado de abandono absoluto. Durante años fue conocido como “el cadáver de Somiedo”, “el hombre delgado” o incluso “el fantasma de la cuneta”, sin que nadie pudiera identificarlo. La clave llegó en 2025, cuando una investigación de la UDEV de la Policía Nacional en Gijón cruzó huellas dactilares del cuerpo con registros antiguos, confirmando su identidad.

"Murió de forma natural", declararon sus hermanos tras ser detenidos en el País Vasco, donde se habían ocultado tras saberse buscados. Sin embargo, la Fiscalía no descarta que pudieran haberle dejado morir por omisión de cuidados, abriendo así la vía al delito de homicidio por omisión, además de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social.

Durante cuatro meses, los hermanos permanecieron en prisión preventiva, hasta que el cambio de juzgado ha permitido una revisión completa del caso. Según fuentes judiciales, la instrucción está prácticamente cerrada y la jueza no aprecia riesgo de fuga: los acusados han entregado sus pasaportes, carecen de recursos económicos y deben comparecer todos los lunes en el juzgado.

El caso ha reabierto el debate en Asturias sobre el control de los pagos sociales, el seguimiento a las personas dependientes y la capacidad de las administraciones públicas para detectar situaciones de abandono extremo.

Con el juicio a punto de abrirse, Asturias asiste con sobrecogimiento a la reconstrucción de una historia de dolor, silencio y negligencia familiar y social. El nombre de Luisín, hasta ahora silenciado entre archivos judiciales y carpetas policiales, podría convertirse en símbolo de una alerta: nadie con discapacidad debería morir en soledad, y menos aún, ser arrojado como un despojo en una cuneta helada.