Le acusan de tergiversar el proceso de reforma y exigen conocer quiénes son los “expertos” a los que se remite el ministro

Denuncian que la etiqueta ‘0’ se concede a vehículos contaminantes y que la ‘ECO’ es un “cajón de sastre”
Llevan más de cinco años pidiendo su reforma sin recibir una respuesta clara de Interior
Piden que la competencia pase al Ministerio para la Transición Ecológica

Las principales organizaciones ecologistas del país han reaccionado con dureza a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien afirmó en el Senado que el Gobierno solo revisará el sistema de etiquetas ambientales para vehículos “cuando lo indiquen los expertos y haya consenso entre todos los actores implicados”.

Desde el movimiento ambientalista denuncian que llevan más de cinco años exigiendo una reforma urgente de este sistema, sin haber sido escuchados de manera efectiva ni por el Ministerio del Interior ni por el de Transportes, Transición Ecológica, Industria o Sanidad. Aseguran que la reforma fue bloqueada tras una consulta sesgada en 2020, donde solo se dio voz al sector de la automoción, y que se desestimó basándose en un informe técnico que jamás fue publicado.

“Nos gustaría saber quiénes son los expertos a los que se refiere el ministro, porque a los que trabajan en salud, clima o sostenibilidad no se les ha consultado”, señalan fuentes de estas entidades.

Etiquetas engañosas y colores confusos

Una de las críticas más duras se dirige al sistema actual de distintivos ambientales de la DGT, que catalogan los vehículos según criterios que las organizaciones califican de obsoletos y opacos. Alertan de que:

• La etiqueta 0 se asigna a vehículos que sí contaminan, como algunos híbridos enchufables de gran tamaño.

• La etiqueta ECO es un “cajón de sastre” que agrupa automóviles con niveles de emisiones muy dispares.

• La gama de colores empleada no es intuitiva y confunde a los consumidores, que pueden acabar comprando vehículos más contaminantes de lo que creen.

“Promocionar un híbrido pesado como vehículo limpio es un disparate. No solo se engaña al consumidor, también se perjudica la salud pública y el clima”, advierten.

¿Por qué gestiona la DGT una cuestión ambiental?

Las entidades consideran incomprensible que la clasificación ambiental de los vehículos siga siendo competencia de la Dirección General de Tráfico en lugar del Ministerio para la Transición Ecológica, al tratarse de una herramienta que afecta directamente a la lucha contra el cambio climático, la calidad del aire y la salud urbana.

“Nos seguimos preguntando por qué la herramienta clave para descarbonizar la movilidad está en manos de un organismo cuya misión es regular la circulación y no la sostenibilidad”, critican.

Dinero público para un sistema fallido

También denuncian que el Estado sigue destinando fondos públicos a renovar el parque móvil sin exigir criterios más estrictos de emisiones. Mientras tanto, se sigue financiando la compra de vehículos que acaban luciendo etiquetas “verdes” sin ser realmente sostenibles.

“Los incentivos fiscales y las ayudas públicas deben beneficiar a los que realmente apuestan por la movilidad limpia, no a los que se disfrazan de sostenibles”, afirman.

Un nuevo sistema más justo y transparente

Las organizaciones exigen un sistema reformado que premie a los vehículos realmente limpios y penalice con claridad a los más contaminantes. Y reiteran que siguen dispuestas al diálogo y al consenso, pero con medidas urgentes, claras y técnicamente sólidas.

“Necesitamos una etiqueta que informe, no que confunda. Que discrimine positivamente a quien contamina menos, y que esté al servicio de las personas y del planeta, no de los balances de las multinacionales del motor.”

También recuerdan que un sistema más riguroso no solo protegería la salud pública y el medioambiente, sino que beneficiaría a la propia industria al reducir la incertidumbre tecnológica y fomentar la producción de vehículos de cero emisiones.

El transporte, en el punto de mira climático

El transporte es responsable de más del 32,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, y lejos de reducirse, estas han aumentado en el último año. Por ello, las organizaciones advierten: sin una reforma del etiquetado ambiental, no habrá transición ecológica real en el sector.

¿Quién tiene la última palabra?
El debate está servido. Lo que para el Ministerio del Interior es “esperar al consenso”, para los defensores del medioambiente es seguir postergando una reforma necesaria y urgente. Y esta vez, han decidido decirlo alto y claro.