La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a dos años de prisión al propietario de una cafetería de Gijón por un delito continuado contra la libertad sexual, tras haber acosado y agredido a una camarera de 35 años desde el mismo momento en que esta comenzó a trabajar en su establecimiento. Además, el acusado deberá cumplir cinco años de libertad vigilada y tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima durante un periodo de tres años.

El caso ha generado indignación en la comunidad y pone de manifiesto la vulnerabilidad de las trabajadoras en ciertos entornos laborales, especialmente cuando los agresores ocupan posiciones de poder dentro del lugar de trabajo.

Los hechos: una pesadilla desde el primer día

Según consta en la sentencia, la víctima comenzó a trabajar en la cafetería el 16 de septiembre de 2023 en el turno de tardes. Apenas un día después, el dueño del local, aprovechando su posición de empleador, inició una serie de conductas abusivas contra ella. Entre el 17 y el 24 de septiembre, el acusado, sin emplear violencia o intimidación directa, realizó a diario tocamientos indebidos y besos en la boca sin consentimiento. Además, acompañaba estos actos con comentarios de índole sexual.

La fiscalía subrayó que el hostelero seleccionaba cuidadosamente los momentos en los que la cafetería estaba vacía y evitaba las áreas cubiertas por las cámaras de seguridad, lo que demuestra una premeditación en sus acciones.

El impacto en la víctima: baja laboral y secuelas psicológicas

Como consecuencia de estos hechos, la trabajadora solicitó la baja laboral y puso fin a su relación contractual con la cafetería. La experiencia dejó en ella secuelas psicológicas significativas, por lo que decidió denunciar los hechos ante la policía, iniciándose así el proceso judicial contra su agresor.

Un juicio evitado por la confesión del acusado

El juicio estaba programado para celebrarse en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias. Sin embargo, el hostelero optó por reconocer los hechos y llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Esta admisión de culpabilidad evitó la celebración de la vista oral y aceleró la resolución del caso.

En virtud del acuerdo alcanzado, la pena impuesta al acusado fue de dos años de prisión, cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante tres años.

Reacciones y contexto legal

El caso ha causado conmoción en Gijón y ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática de los abusos en el ámbito laboral, donde muchas víctimas sienten miedo de denunciar debido a la posible pérdida de empleo y represalias.

En España, los delitos contra la libertad sexual están tipificados en el Código Penal con penas que varían según la gravedad del caso y si existe violencia o intimidación. Aunque en este caso no hubo agresión con violencia física, la continuidad de los hechos y el abuso de poder fueron factores clave en la sentencia condenatoria.