Convoca una concentración el próximo 23 de noviembre, frente a la Junta  General del Principado, para instar a todos los grupos parlamentarios a asignar  los recursos necesarios en los presupuestos de Asturias para 2022.  

Oviedo, 22 de noviembre de 2021  

Con ocasión de la celebración del Día Mundial de las personas sin hogar, la  Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias (PDVA) ha convocado una  concentración el próximo 23 de noviembre, a las 12:00, frente a la Junta General del  Principado de Asturias, para denunciar la actual situación de emergencia habitacional  y exigir al Gobierno regional y a todas las fuerzas políticas medidas efectivas para  asegurar el derecho de todas las familias que viven en Asturias a disponer de una  vivienda digna y adecuada, prioritariamente aquellas que no disponen de recursos  para acceder a un alquiler en el mercado libre.  

Con este acto la Plataforma se suma a otras organizaciones de todo el mundo para  visibilizar la situación de quienes sufren exclusión residencial en su grado más  extremo, es decir, aquellas que viven todo el día en la calle o están alojadas temporal  y precariamente en un albergue. Ante la Junta General se expondrán retratos que  pondrán rostro a estas personas e historias de vida que reflejan las circunstancias que  les condujeron a esta situación y también sus aspiraciones, anhelos y esfuerzos para  superarla. La PDVA exigirá al Gobierno del Principado de Asturias que cumpla lo  establecido en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y  Culturales ratificado por España en abril de 1977, que exige a todos los poderes  públicos destinar todos los recursos necesarios para facilitar el acceso a una vivienda  adecuada, estable y habitable, y a los recursos de acompañamiento social necesarios  para su plena integración en la comunidad. El programa Lo primero, la vivienda de la  Consejería de Derechos Sociales y Bienestar sólo ha alcanzado a 31 personas de  toda la región.  

Pero la emergencia habitacional que atraviesa Asturias no se limita a las personas sin  hogar. Entre 3.500 y 4.000 familias tendrán que irse a la calle cuando el 28 de febrero  próximo se levante la suspensión de los desahucios decretada por el Gobierno de  España, y ello a pesar que el Real Decreto impone a las comunidades autónomas y  los ayuntamientos ofrecer a estos hogares una alternativa habitacional a un precio  asequible. Las consecuencias de la pandemia han agravado aún más la situación de  los hogares, mayoritariamente sostenidos y cuidados por mujeres, con dificultades  para hacer frente al pago de los gastos de alquiler y de los suministros básicos, o que  no pueden acceder a un alquiler a un precio proporcionado a sus ingresos. Además,  se perpetúan verdaderos guetos como la barriada de viviendas sociales de Anieves en  el concejo Oviedo, con el 80% de los pisos vacíos y graves deficiencias constructivas  que afectan a las condiciones mínimas de habitabilidad.  

Como alternativa, la PDVA demanda un plan autonómico de rescate, basado en la  intervención social, en la prevención de los desahucios mediante la intermediación