En el mes de mayo de 2020, un agente de la policía de Mineápolis provocó la muerte de George Floyd, un ciudadano de raza negra que se terminó ahogando por la mala ejecución de una llave que se estaba aplicando sobre él para inmovilizarle. A raíz de ese suceso, que tuvo una fuerte repercusión, se iniciaron numerosos actos de protesta a lo largo y ancho de Estados Unidos, llegando a producirse actos reivindicativos en contra del racismo en otros países del mundo.
Se ha podido saber que el Ayuntamiento de Mineápolis va a pagar 27 millones de dólares a la familia de George Floyd como indemnización por su muerte. El acuerdo se ha alcanzado antes del inicio del juicio e incluye una inversión pública de 500.000 dólares en el barrio en el que George Floyd fue asesinado. Ben Crump, abogado de la familia del fallecido, ha afirmado que la suma constituye la mayor indemnización lograda a través de un acuerdo previo al juicio en la historia de Estados Unidos, siendo cierto que el asunto marcará un hito histórico en el Derecho de Daños estadounidense sin haber sido estudiado por el Tribunal Supremo.
Hay que tener presente que el Derecho estadounidense difiere en muchos aspectos del Derecho europeo continental, en el que ha influido aquel en diversas materias. Una de las mayores particularidades se encuentra en el Derecho de Daños, que protege al perjudicando al incluir en la indemnización, además de conceptos de reparación de daños y perjuicios, una sanción mediante lo que se conoce como daños punitivos, que equivaldrían a lo que España se considera una multa, pero percibiéndose su cuantía por el afectado por un hecho dañoso. Ello favorece, junto con otros factores, que se alcancen acuerdos por sumas altas con anterioridad a los juicios, a los efectos de evitar la inversión de tiempo y de dinero que suponen los procesos judiciales y el desgaste de imagen que resulta inherente a muchos procesos que resultan relevantes para la opinión pública.
Ciertamente, la mayor parte de la cuantía indemnizatoria no se habría concedido en el caso de no existir el revuelo que fue provocado tras la muerte de George Floyd, debiendo destacarse que el Ayuntamiento de Mineápolis ha accedido a abonar una suma tan alta porque prefiere evitar que se siga hablando del asunto, que perjudica la imagen de sus dirigentes, y ello no iba a ser posible con el proceso civil pendiente. Ahora solo falta que se resuelva el proceso penal iniciado por los mismos hechos, en el que la entidad local ya no tiene implicación alguna tras haberse desvinculado del autor de la muerte de George Floyd.
Cabe esperar que la indemnización se invierta por los familiares del fallecido de un modo que sirva para garantizar su mantenimiento y su futuro, pero sería estúpido no desear que una parte de la cuantía que van a recibir se invierta en lograr mejoras para las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Mineápolis.
