Quince millones para las televisiones: ¿ayudas de Estado o premio de lealtad?

El artículo 46 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, regula lo que se denomina compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. Ese precepto establece que “Con carácter excepcional, se aprueban ayudas por importe de quince millones de euros para compensar una parte de los costes de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre de ámbito estatal, derivados de mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria”, añadiendo que “En el instrumento en el que se regule esta compensación de costes, se definirán las actuaciones financiables, los gastos objeto de financiación, las condiciones y el procedimiento en el que materializar las compensaciones y concretará los beneficiarios”. La norma citada justifica esta ayuda señalando en su Exposición de Motivos que “Los servicios audiovisuales juegan una trascendente doble función como servicios esenciales, que se ha visto reforzada en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, pues, por un lado, “constituyen una vía fundamental para que los ciudadanos puedan informarse y para que puedan manifestarse las diferentes corrientes de expresión en la sociedad española”, y, por otro lado y al mismo tiempo, “proporcionan a la sociedad española servicios de ocio y entretenimiento, que cobran especial relevancia en estos momentos de confinamiento domiciliario”. Además, indica el texto que las empresas que prestan servicios audiovisuales, especialmente las que emiten en abierto, se encuentran en este contexto de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 con la situación paradójica de que han visto aumentar su audiencia por las medidas de confinamiento, pero al mismo tiempo están sufriendo una brusca caída de sus ingresos desde el inicio de la crisis, debido principalmente a la cancelación de campañas publicitarias de empresas que han visto suspendida o ralentizada su actividad, y “En la necesidad de seguir garantizando la prestación de este servicio, esencial en toda sociedad democrática y para la ciudadanía en España, especialmente en el actual contexto de crisis, el presente real decreto-ley incluye, con carácter excepcional y transitorio, una compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal, con el objetivo de permitir que las empresas que proveen este servicio puedan gozar de una mayor liquidez en aras de la adecuada prestación de este servicio esencial”.

Uno podría creerse totalmente el contenido de la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 11/2020. El problema es que, entre las compañías beneficiarias, van a encontrarse Mediaset y Atresmedia, que tuvieron unos beneficios declarados en 2019, de 329,7 millones de euros de forma conjunta, pues Mediaset obtuvo unas ganancias de 211,7 millones de euros y Atresmedia consiguió un beneficio de 118 millones.  

Si se hubiera establecido esa ayuda dentro de unos meses en una cuantía menor y para entidades audiovisuales pequeñas, quizá podría entenderse la configuración de la compensación. Sin embargo, se ha decidido ceder una enorme cantidad de dinero a compañías gestoras de medios de comunicación, cuando podría haberse destinado ese dinero público para promover la actividad económica o para comprar materiales de equipamiento para los profesionales sanitarios, cuya labor en la lucha contra el Covid-19 es mucho más relevante que la realizada por entidades como Mediaset o Atresmedia, cuya función social es relativa y que, en muchos casos, están más especializadas en difundir publicidad que en emitir contenidos de calidad.  

Viendo la situación y el artículo 46 del Real Decreto-ley 11/2020, uno podría preguntarse si la medida adoptada es una ayuda de Estado o un premio de lealtad. Álvaro Romero, en un artículo titulado “Los grandes medios de comunicación presionan al Gobierno: "O subvenciones o críticas por la gestión del Covid-19"” y publicado el pasado día 25 de marzo en El Correo de España ya avisó indicando que “los dos grandes (Mediaset y Atresmedia que abarcan a todos los medios) se han puesto en contacto con el Gobierno y han sido claros "O pasta o críticas"”, dato que ayuda a inferir que los quince millones que se van a repartir no son más que una contraprestación pagada por el Gobierno con el dinero de los contribuyentes para evitar críticas a la desastrosa gestión gubernamental en la lucha contra el coronavirus.  



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