El Grupo Popular presenta una Proposición no de Ley para estudiar la relimitación jurídico y financiera de las competencias de las administraciones

El Grupo Parlamentario del PP en la Junta General del Principado ha presentado esta mañana un Proposición no de ley para reclamar al Gobierno regional la realización de un estudio jurídico y financiero de los servicios públicos que delimite las competencias de las administraciones central regional y local con el fin de mejorar la situación la maltrecha situación financiera de los ayuntamientos a través de la asunción de las competencias propias de cada institución, evitando pagos a las corporaciones locales que deben correr a cargo del Principado. Una vez aprobada la resolución se procederá “a crear  una Comisión especial sobre el régimen jurídico y financiero de los servicios públicos, la cual emitirá un dictamen cuyas conclusiones serán debatidas en el Pleno de la Cámara

El Grupo Popular asegura que la realización del estudio “coadyuvará a garantizar la viabilidad de las entidades locales, guiada por los principios de austeridad, transparencia y eficacia y servirá para “llevar a cabo un proceso de revisión de las competencias impropias de los municipios, de modo que se concrete en la norma jurídica correspondiente la entidad pública que deba ejercer la competencia y se clarifique su régimen de financiación y que examine en profundidad los mecanismos de coordinación entre la administración autonómica y las locales, para analizar su eficacia, así como comprobar que todos los organismos con competencias en la gestión de cada política se encuentran representados en cada instancia de decisión”.

El objetivo de la Proposición no de Ley es determinar qué servicios prestan por duplicado el Principado y los Ayuntamientos, aclarar las competencias respectivas y abordar la financiación. El trabajo de la comisión se debería realizar durante el próximo periodo de sesiones, y antes de que finalice 2011 contar con propuestas concretas. Lo que no podemos es estar otra legislatura más (éste fue un compromiso del primer gobierno de Álvarez Areces) dando vueltas a este asunto de la duplicidad de competencias y su financiación.

Las crisis dan las oportunidades para cambiar lo que no funciona y esta nos va a ofrecer la oportunidad de que las administraciones públicas estudien qué servicios están ofreciendo a los ciudadanos por duplicado, y poder así mejorar la eficacia en la gestión y la reducción del gasto y optimización de los recursos. Hay llegar a un acuerdo sobre quién debe prestar determinados servicios.

No se busca responsabilizar a los ayuntamientos del "despilfarro económico" que producen las duplicidades, porque los consistorios en muchas ocasiones han asumido competencias o servicios  por dejación o falta de iniciativa de la Comunidad Autónoma.

Se ha llegado al acuerdo de establecer como mandato constitucional la disciplina presupuestaria y que todas las decisiones de gasto de los gobiernos de todas las administraciones públicas se adoptarán de acuerdo con el volumen de ingresos del que disponen. Por tanto lo justo es que esas decisiones estén en consonancia con sus obligaciones competenciales y de servicios a prestar.