La acusación popular amplia la querella por la financiación ilegal del PP a Álvarez Cascos y Acebes

En el escrito de ampliación de querella registrado hoy en la Audiencia Nacional se vincula también a 9 supuestos delitos al que fuera gerente del PP en Galicia, Ángel Piñeiro, y a otros 15 empresarios que figuran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes del partido de Mariano Rajoy

Izquierda Unida, junto a las cuatro asociaciones con las que presentó el pasado 28 de febrero una querella criminal contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios dirigentes de este partido y diversos empresarios que les entregaron donaciones, ha dirigido hoy al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional un escrito de ampliación de querella. En el mismo, además de atribuir la “probable y posible comisión” de un delito contable a los anteriores querellados e imputados en la pieza separada que ya se investiga, amplia la petición de actuación judicial a los ex secretarios generales y ex ministros del PP Francisco Álvarez-Cascos Fernández y Ángel Acebes Paniagua, además de a 15 empresarios y un dirigente político que no estaban incluidos en la querella original.

A Álvarez-Cascos -tesorero en funciones del PP entre 1990 y 1993 y secretario general entre enero de 1989 y enero de 1999, además de los cargos que ocupó en diversos gobiernos de José María Aznar entre 1996 y 2004- y a Acebes –secretario general adjunto del PP en 2003 y secretario general entre octubre de 2004 y junio de 2008, junto a sus puestos en el distintos ejecutivos de esta formación también hasta 2004- se les atribuye la posible comisión de 12 delitos: contable, asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos electorales y apropiación indebida de fondos electorales.

Del mismo modo, se señala la probable comisión de 9 delitos –contable, asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones ilegales y encubrimiento- a 15 empresarios y un dirigente político. Se trata de Ángel Piñeiro, gerente del Partido Popular de Galicia entre 1990 y 1996; Ignacio López del Hierro, directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios S.A. (CGS), apoderado de Constructora Continental S.A y consejero ejecutivo de Metrovacesa, entre otros cargos; Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; José Luis Rodríguez Moreno, más conocido como José Luis Moreno, empresario de comunicación audiovisual; Lucio Moreno de Guerra,  director general corporativo de Applus Servicios Tecnológicos, del grupo de Aguas de Barcelona (Agbar); Cecilio Sánchez Martín, quien fuera Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Camilo José Alcalá Sánchez., presidente-consejero delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A.; José Antonio Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño S.A. (COPASA), después denominada “S.A. de Obras y Servicios COPASA; Vicente Cotino Escrivá, administrador único de ASEDES CAPITAL S.A., empresa matriz de SEDESA y de SEDESA INVERSIONES y SEDESA OBRAS y SERVICIOS; Joaquín Molpeceres Sánchez, del Grupo LICUAS S.A.; Antonio Pinal Gil, presidente-consejero delegado de grupo empresas Bruesa Construcción S.A.; Ignacio Ugarteche González de Langaríca, consejero de Urazca Construcciones desde agosto 2003 y consejero delegado desde septiembre 2005; Ramón Aigé Sánchez, presidente de SORIGUE-ACSA Conservación de Infraestructuras S.A.; Pilar Pulido Sánchez, directiva de Ads Brokers, y Ángel Salado, Administrador de Bio Combustibles y Energías Renovables de Castilla-La Mancha S.L.