El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Constantino Álvarez, ha pedido hoy que el consistorio se presente como acusación particular en el proceso relacionado con las presuntas oirregularidades en la gestión del Centro Niemeyer, si se confirma que se imputan delitos a personas concretas. En declaraciones a Europa Press ha instado a la alcaldesa, Pilar Varela, a pedir a los servicios jurídicos municipales que inicien el trabajo.

Alvarez sostiene que esta petición se justifica ante el hecho de que el Ayuntamiento ha aportado partidas y fondos extraordinarios por lo que, en su opinión, procedería  reclamar los correspondientes daños y prejuicios.

Parece ser que si la alcaldesa noatiende esta peticiuón, el PP llevaría una moción al pleno para que la cuestión se debata y decida en el mismo. En caso de tener el apoyo de otro grupo municipal ha planteado la posibilidad de reclamar la celebración de un pleno extraordinario.

Por otra parte, Álvarez ha pedido convocar el patronato de la Fundación Centro Niemeyer a la mayor brevedad posible para reclamar información sobre la situaciónen que  se encuentra el concurso de acreedores y la denuncia planteada.

Por su parte, la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias se ratificará en la denuncia presentada el pasado mes de diciembre tras localizar determinados hechos, datados entre 2007 y 2010, que arrojaban dudas acerca de la gestión realizada en el seno de la Fundación en el periodo comprendido entre los citados ejercicios. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Avilés ha citado el próximo 7 de febrero a la Presidenta de la Fundación, Ana González Rodríguez, para ratificar el mencionado escrito de denuncia y realizar el ofrecimiento de acciones a la Fundación.

La Fundación presentó la denuncia el pasado mes de diciembre tras detectar, en el marco del análisis de los expedientes de revocación de subvenciones acometido para atender los requerimientos del Principado, determinados hechos, datados entre 2007 y 2010, que podrían ser constitutivos de delito de falsedad en documento mercantil, delito societario y delito contra la hacienda pública en el ámbito de las subvenciones. La Fundación decidió entonces poner en conocimiento del Juzgado dichos hechos para su análisis.