Esta reducción afecta al 52% de la plantilla de un total 774, lo que supone una disminución de algo más 400 agentes, que posteriormente se ampliará a otros 100 más. El grueso de esta medida afecta principalmente a los escoltas que prestan este servicio en la Comunidad de Madrid. Todos ellos pasarán, a partir de ahora, a realizar labores de seguridad ciudadana.
Próximamente, este programa se ampliará a los escoltas que realizan vigilancias dinámicas (labores de acompañamiento de personas protegidas). Esta reducción afectará a más de 500 agentes.
Tras esta primera fase de reducción, los servicios de vigilancia en España han pasado de emplear a casi 3.000 escoltas (2.200 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 750 de seguridad privada, a cargo de los presupuestos de la Administración General del Estado) a algo más de 2.000, casi un tercio de reducción.
A la disminución de los algo más de 400 policías y guardias civiles, que ahora pasarán a realizar tareas de seguridad ciudadana, hay que sumar los 425 escoltas privados contratados por el Ministerio del Interior que ya se redujeron en el País Vasco y Navarra.
En total, este dispositivo daba protección antes de su reordenación a más de 1.550 personas y su coste superaba los 160 millones de euros al año.
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