La justicia laboral obliga a pagarle 17.500 euros mientras espera juicio por enviar mensajes y fotos sexuales a una jugadora que entonces tenía 17 años

Un terremoto en el corazón del voleibol avilesino

Avilés asiste estos días a uno de los episodios más delicados y perturbadores que puede vivir el deporte base. Un entrenador de voleibol, de 47 años, ha sido denunciado por una jugadora por presunto acoso sexual cuando ella era menor de edad. La gravedad de los hechos relatados contrasta con una resolución judicial paralela que ha dejado al club en una situación límite: el despido del técnico ha sido declarado nulo y la entidad ha tenido que indemnizarle con 17.500 euros, además de asumir otros costes asociados que elevan la factura hasta cerca de 20.000 euros.

El caso, que se resolverá en el ámbito penal el próximo 27 de abril, ha generado un profundo malestar en el entorno deportivo y social, al combinar en un mismo escenario una denuncia de enorme calado con una sentencia laboral que, lejos de aclarar el fondo del asunto, añade una capa de desconcierto.

El relato de la denunciante: una escalada progresiva hacia lo inaceptable

La denuncia fue presentada el 26 de agosto en dependencias de la Guardia Civil. La joven, entonces de 17 años, expuso una situación que, según su versión, no surgió de manera repentina, sino que fue evolucionando con el paso de los meses.

Durante la temporada 2024-2025 comenzaron las primeras interacciones incómodas. El entrenador, que no era su técnico directo pero coincidía en los entrenamientos, habría iniciado un acercamiento progresivo con propuestas fuera de lugar, insinuaciones veladas y un comportamiento que la jugadora no supo interpretar en un primer momento como lo que acabaría siendo.

El punto de inflexión llegó en verano y, especialmente, con el inicio de la pretemporada 2025-2026. Según consta en su declaración, el tono de los mensajes se volvió explícito. La comunicación se trasladó a Instagram, donde el entrenador habría enviado textos de contenido sexual y fotografías de carácter erótico, algunas de ellas configuradas para desaparecer tras ser vistas.

Las capturas aportadas, según ha trascendido, reflejan expresiones de alto contenido sexual y una insistencia que llevó a la joven a bloquear al entrenador el 27 de agosto, un día después de formalizar la denuncia.

El impacto psicológico: el miedo que no desaparece

Lejos de cerrarse con la denuncia, la situación ha tenido continuidad en el plano emocional. La jugadora sigue vinculada al club y trata de mantener su rutina deportiva, pero el miedo se ha convertido en un elemento constante.

El temor a coincidir con el denunciado, a moverse sola en determinados momentos o a repetir una situación similar forma parte ya de su día a día. Este aspecto, que a menudo queda en un segundo plano en la información judicial, resulta esencial para entender la dimensión real del caso.

Además, la denunciante ha manifestado que, tras dar el paso de acudir a las autoridades, ha recibido informaciones que apuntarían a comportamientos similares con otras jóvenes, algunas de ellas de menor edad. Aunque estos extremos deberán ser verificados en sede judicial, contribuyen a agravar la percepción social del caso.

Una sentencia laboral que agrava la crisis

Mientras la investigación penal sigue su curso, el frente laboral ha estallado con fuerza. El despido del entrenador ha sido declarado nulo, lo que implica, conforme a la legislación vigente, la obligación de readmitirle en su puesto y abonarle los salarios correspondientes, además de una indemnización.

En este caso, la cuantía fijada asciende a 17.500 euros, con un coste total que ronda los 20.000 euros para el club.

La razón de esta decisión judicial no reside en la valoración de los hechos denunciados, sino en aspectos formales relacionados con el momento en que se produjo el despido y la entrada en vigor del contrato del técnico. La denuncia fue presentada el 26 de agosto, mientras que el contrato del entrenador para la temporada actual no se formalizó hasta el día 27, lo que ha sido determinante para la resolución.

Esta circunstancia ha generado una situación paradójica: un entrenador denunciado por hechos de extrema gravedad resulta, al mismo tiempo, beneficiario de una sentencia que protege sus derechos laborales.

El club, contra las cuerdas: impacto económico y reputacional

La entidad deportiva ha reconocido públicamente que la ejecución de la sentencia supone un golpe muy duro para su estabilidad económica. La obligación de hacer frente a esta indemnización y a los costes derivados ha obligado a replantear su estructura financiera de cara a la próxima temporada.

Entre las medidas que se barajan se encuentran ajustes internos y una posible subida de cuotas para los socios, en un intento por equilibrar unas cuentas seriamente dañadas.

Pero el impacto no es solo económico. La reputación del club, construido en torno al deporte base y a la formación de jóvenes, se ha visto sacudida. En entornos donde la confianza es un pilar fundamental, una denuncia de estas características provoca una fractura difícil de reparar.

Protocolos y realidad: una brecha evidente

El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los protocolos de prevención frente al acoso en el deporte. Tanto a nivel federativo como en el propio club existen documentos y mecanismos destinados a detectar y frenar este tipo de conductas.

Sin embargo, los hechos denunciados evidencian que, al menos en esta ocasión, dichos sistemas no han sido capaces de anticiparse a la situación.

La distancia entre la existencia de protocolos y su aplicación efectiva vuelve a quedar en entredicho, en un contexto en el que la protección de menores debería situarse en el centro de cualquier estructura deportiva.

Un caso que trasciende lo judicial

Más allá de lo que determinen los tribunales el próximo 27 de abril, el caso ya ha dejado una huella profunda. No se trata únicamente de una causa penal ni de un conflicto laboral. Es un episodio que afecta a la percepción de seguridad en el deporte base, a la confianza de las familias y a la credibilidad de las instituciones deportivas.

La coexistencia de una denuncia por presunto acoso a una menor y una indemnización al denunciado ha generado una sensación de contradicción que ha amplificado el impacto del caso en la opinión pública.

El 27 de abril, punto de inflexión

La fecha del juicio marcará un antes y un después. Será entonces cuando se analicen en profundidad los hechos denunciados y se determine si existe responsabilidad penal.

Hasta ese momento, el caso continuará generando tensión en el entorno deportivo avilesino y mantendrá abiertas todas las incógnitas.

Lo que ya es indiscutible es que el episodio ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: cuando los mecanismos de prevención fallan y las respuestas llegan tarde, el daño se multiplica y se extiende mucho más allá de los tribunales.