La mina de Cerredo, en Cerredo (Degaña), se cobró cinco vidas y destapó algo más que una explosión de grisú. Destapó un modelo: trabajar al límite, mirar hacia otro lado y blindar el patrimonio mientras la seguridad se quedaba sin aire. Lo que ocurrió aquel lunes 31 de marzo de 2025 no fue un accidente aislado. Fue el final lógico de una cadena de decisiones.

La mañana que no debía existir

A las ocho de la mañana entraron en la explotación Amadeo, Rubén José, David, Jorge, Sergio, Abel, otro David y Enrique. Como casi siempre, Ibán había bajado antes para preparar la madera y encender el compresor. Subieron en un Nissan Patrol blanco con el rótulo de la empresa hasta el tercer piso. Herramientas a locomotoras y vagones. Frente de trabajo. Capa Zeta.

Una hora después, la mina estalló. Grisú. Cinco muertos. Cuatro heridos. Los supervivientes relataron que se estaba extrayendo carbón y que llevaban meses haciéndolo. La Guardia Civil lo da por acreditado: actividad ilícita, sin medidas de seguridad. Sin autorrescatadores, sin simulacros, con objetos prohibidos, con el único detector de gases apagado. La lista no es larga: es demoledora.

Permisos para una cosa, trabajo para otra

La explotación no tenía autorización para extraer carbón en ese punto. Lo permitido era otra cosa. Lo que se hacía, otra muy distinta. La investigación describe galerías abiertas sin control, huecos irregulares, ventilación deficiente. Y una evidencia incómoda: hubo avisos previos, síntomas, señales. Nadie paró la máquina.

Quién mandaba y quién firmaba

La causa judicial señala a una misma familia como núcleo del control. Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; su esposa Ana María; su hijo Adrián, 23 años y administrador formal de la sociedad explotadora; y el director facultativo, José Antonio Fernández Casillas. Para la investigación, propiedad y gestión real convergen. Para el juzgado, responsabilidades penales en curso.

Tras la tragedia, el patriarca se presentó como “mero empresario”, ajeno a la técnica. Dijo no saber de minería. Que todo estaba en manos de especialistas. Que “algo anormal” tuvo que fallar. Mientras tanto, la mina callaba.

El otro mapa: empresas, ladrillo y herencias

El sumario dibuja un entramado de 14 sociedades con dos almas: minería y bienes raíces. Extracción de antracita, hulla, áridos y desechos industriales; y, en paralelo, compraventa y promoción inmobiliaria. El dinero, apuntan los investigadores, fue virando al ladrillo.

La fotografía patrimonial impresiona: naves industriales, pisos céntricos, edificios en piedra, instalaciones de cribado, una vivienda en Marbella. Y un dato que hiela: Adrián, con 23 años, figura como titular de 42 inmuebles, con valor catastral conjunto de 1,2 millones de euros, canalizados en gran parte a través de una mercantil patrimonial. En 29 cuentas, menos de 57.000 euros. Patrimonio sólido; liquidez corta.

La cifra que pesa sobre las víctimas

La Fiscalía sitúa la posible indemnización en 1,15 millones de euros. El juzgado ha ordenado embargos preventivos. Las familias esperan. El proceso avanza. La pregunta es simple y brutal: ¿quién paga cuando el riesgo se traslada al trabajador y el beneficio se consolida en ladrillo?

No fue mala suerte

Cerredo no es una historia de mala suerte. Es la historia de una mina que trabajaba como no debía, de una seguridad que no existía, de una jerarquía que se difuminó cuando hubo que asumir responsabilidades. Es la historia de cinco hombres que bajaron a ganarse el jornal y no volvieron, mientras el patrimonio crecía arriba.

La justicia dirá hasta dónde llegan las condenas. La sociedad ya ha dictado una sentencia moral: cuando se apaga el detector y se enciende la ambición, la mina acaba cobrando su factura. Y en Cerredo, la factura se pagó con vidas.