La investigación por la tragedia de la mina de Cerredo, en Degaña, ha entrado en una fase clave: la de poner cifras al daño, responsabilidades al riesgo y nombres a las decisiones. La Fiscalía ya maneja un baremo orientativo para las indemnizaciones derivadas del accidente mortal del 31 de marzo, en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, y las cantidades no dejan lugar a dudas sobre la gravedad penal del caso.

Según fuentes próximas a la causa, la horquilla fijada sitúa entre 200.000 y 250.000 euros la indemnización para los familiares de cada fallecido, mientras que los trabajadores lesionados podrían recibir en torno a 50.000 euros cada uno. En conjunto, la cifra global que la jueza ha decidido blindar de forma cautelar asciende ya a 1,15 millones de euros, mediante el embargo de cuentas, inmuebles y participaciones societarias de los investigados.

No es una cifra simbólica. Es, en términos judiciales, la primera traducción económica de una tragedia laboral que amenaza con convertirse en uno de los procedimientos penales más complejos y delicados de la minería reciente en Asturias.

Cuatro investigados… y una causa que apunta a crecer

La instrucción está dirigida por la jueza Marta Ruiz, al frente del Tribunal de Instancia de Cangas del Narcea, con el apoyo de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del fiscal delegado de Seguridad y Salud Laboral, Enrique Valdés-Solís. Durante casi diez meses, la causa permaneció bajo secreto de sumario, lo que permitió a este núcleo investigador acumular indicios, informes técnicos y declaraciones sin interferencias externas.

A día de hoy, el foco penal se centra en Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; su esposa, Ana María Rodríguez; su hijo, Adrián Rodríguez; y el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas. De forma indiciaria, se les atribuyen delitos contra los derechos de los trabajadores, cinco homicidios por imprudencia y cuatro delitos de lesiones, un paquete penal que, de confirmarse, dibuja un escenario de responsabilidades muy severo.

Sin embargo, en el propio entorno judicial nadie da la lista por cerrada. Abogados de las acusaciones y de la defensa coinciden en una idea: “estamos solo al inicio”. La apertura del sumario ha provocado una avalancha de personaciones, recursos y solicitudes de diligencias que auguran una instrucción larga y técnicamente compleja.

El corazón del caso: seguridad, gas y decisiones

El eje de la investigación es técnico, pero sus consecuencias son penales. La hipótesis central gira en torno a una explosión provocada por la acumulación de grisú, el gas metano presente en explotaciones mineras, y a la posible falta de medidas de seguridad adecuadas: ventilación deficiente, controles insuficientes, uso de equipos inadecuados o una actividad real distinta a la autorizada.

Para reforzar esta línea, la Fiscalía solicitó la intervención de ingenieros especializados, conscientes de que en un procedimiento de esta naturaleza cada término técnico puede inclinar el relato judicial hacia la imprudencia grave… o hacia el accidente inevitable. La batalla se librará, en gran medida, en informes periciales, planos, registros de actividad y reconstrucciones de lo que realmente ocurría en el interior de la mina.

Del secreto al choque frontal de estrategias

El levantamiento del secreto de sumario ha cambiado por completo el ritmo del caso. Ahora, los abogados trabajan contrarreloj revisando miles de folios de atestados, informes técnicos y diligencias acumuladas durante meses. Las defensas analizan con lupa los autos que acordaron los embargos y las prórrogas del secreto; las acusaciones, por su parte, estudian si existen seguros que puedan responder económicamente y hasta dónde alcanza la responsabilidad penal de cada implicado.

La jueza ha concedido un mes para impugnar las decisiones adoptadas durante la fase secreta. Superado ese plazo, comenzará una nueva etapa: la de proponer diligencias, llamar a declarar a nuevos testigos y explorar otras posibles líneas de responsabilidad.

El Principado, fuera… por ahora

Uno de los movimientos más llamativos del procedimiento ha sido la decisión de la jueza de rechazar la personación del Principado como acusación. No es una cuestión menor. En causas de esta naturaleza, algunos instructores optan por mantener a la administración al margen hasta aclarar si su papel debe ser el de acusador… o si podría acabar siendo objeto de investigación por una posible dejación de funciones.

El debate está servido. ¿Hubo controles suficientes? ¿Se actuó con la diligencia debida? ¿Existieron alertas previas? ¿Se miró hacia otro lado? Estas preguntas sobrevuelan tanto el proceso judicial como la comisión de investigación parlamentaria, cuyas declaraciones están siendo analizadas con atención por abogados de todas las partes.

El precedente incómodo: Cerredo 2022

Hay un dato que pesa como una losa sobre esta causa: el anterior accidente mortal ocurrido en Cerredo en 2022 sigue aún en fase de instrucción, en el mismo juzgado. Aquella causa era menos compleja y con menos implicados, pero todavía no ha llegado a sentencia.

Que dos tragedias mortales se investiguen de forma paralela en la misma explotación añade presión al procedimiento actual y alimenta una sensación difícil de ignorar: el sistema judicial avanza despacio, pero la mina ya había dado señales de alarma antes.

Lo que está en juego

A partir de ahora, el caso Cerredo se moverá en tres planos simultáneos:
el técnico, donde se decidirá si se trabajaba como se debía;
el penal, donde se determinará quién tenía el deber de evitar el riesgo y no lo hizo;
y el económico, donde se medirá la capacidad real de resarcir a las víctimas.

Cinco trabajadores murieron. Cuatro sobrevivieron con heridas físicas y psicológicas. La verdad judicial aún está lejos, pero la Fiscalía ya ha dejado claro algo esencial: aquí no se habla de un simple accidente laboral. Se habla de decisiones, de omisiones y de responsabilidades que, esta vez, podrían tener consecuencias muy serias.

Porque en Cerredo no solo se busca una indemnización. Se busca una explicación que llegue antes de que vuelva a ser demasiado tarde.