Del incentivo al castigo fiscal: el Gobierno estudia penalizar en la renta a los caseros que suban el alquiler
El Gobierno prepara un giro de calado en su política de vivienda. Por primera vez, el Ejecutivo estudia penalizar en el IRPF a los propietarios que suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una medida con la que pretende frenar la escalada de precios y desbloquear el paquete de incentivos fiscales anunciado por Pedro Sánchez y encallado hasta ahora por falta de apoyos políticos.
La propuesta, aún en fase de negociación entre los ministerios de Vivienda y Hacienda, no está cerrada, pero marca un cambio de rumbo evidente: del premio al castigo. Si hasta ahora el enfoque se centraba en bonificar a los caseros que bajaran o congelaran las rentas, ahora el Ejecutivo abre la puerta a reducir los beneficios fiscales a quienes opten por subirlas.
Cómo funcionaría la penalización
La clave está en la deducción del 50% que hoy se aplica con carácter general en el IRPF a los rendimientos netos del alquiler de vivienda habitual. La idea que se maneja es modular esa deducción en función del comportamiento del propietario:
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Quienes mantengan o bajen el precio del alquiler podrían conservar la deducción actual o incluso acceder a bonificaciones mayores.
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Quienes incrementen la renta al renovar el contrato verían reducido ese beneficio fiscal, tributando más por los ingresos obtenidos.
Desde Hacienda subrayan que no se contempla eliminar completamente la deducción, ya que el Gobierno quiere seguir diferenciando el alquiler residencial de larga duración de otros modelos como el turístico o el de temporada.
Por qué cambia ahora el Gobierno
El Ejecutivo llega a este planteamiento tras el fracaso de su primera gran apuesta fiscal en vivienda: la bonificación del 100% en el IRPF para propietarios que bajaran el alquiler. La medida no logró el respaldo de los socios parlamentarios, que consideran insuficiente el uso exclusivo de incentivos y apuestan por fórmulas más coercitivas, como la prórroga obligatoria de contratos al mismo precio.
Ante ese bloqueo, el Gobierno busca ahora una fórmula mixta: combinar incentivos para quienes colaboren en la contención de precios con desincentivos fiscales para quienes los tensionen aún más.
Un mensaje directo al mercado
La medida lanza un mensaje claro a los propietarios: subir el alquiler tendrá un coste fiscal. El Ejecutivo confía en que este mecanismo actúe como freno indirecto a las subidas, especialmente en un momento clave, con miles de contratos a punto de renovarse y una presión creciente sobre los inquilinos.
El objetivo político es doble: aliviar el bolsillo de las familias y demostrar que el Estado está dispuesto a intervenir también por la vía fiscal en uno de los problemas sociales más graves del país.
La polémica está servida
El debate ya está sobre la mesa y promete ser intenso. Mientras las asociaciones de inquilinos ven la iniciativa como un paso en la buena dirección —aunque insuficiente—, sectores del mercado inmobiliario advierten del riesgo de reducir aún más la oferta de alquiler si los propietarios perciben inseguridad jurídica o fiscal.
Además, el Gobierno deberá hilar fino en el diseño legal para evitar conflictos constitucionales y lograr una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante la medida.
Lo que viene ahora
La propuesta seguirá negociándose en las próximas semanas. Si prospera, podría incorporarse a un paquete normativo de vivienda con impacto directo en la próxima campaña de la renta. De salir adelante, marcaría un antes y un después: el IRPF dejaría de ser solo una herramienta para incentivar y pasaría a ser también un instrumento para castigar comportamientos considerados abusivos en el mercado del alquiler.
El mensaje político es inequívoco: quien suba el alquiler, pagará más impuestos.
