Colas, consultas masivas y una cifra que puede cambiar el mapa social y laboral del Principado

El anuncio de la regularización extraordinaria de inmigrantes ya está teniendo efecto en Asturias. Aunque el procedimiento aún debe desplegarse plenamente en el plano operativo, en los últimos días se han multiplicado las consultas en oficinas de extranjería, ayuntamientos y entidades sociales, anticipando un proceso que puede transformar de forma tangible la realidad demográfica y laboral de la región.

La pregunta es directa: ¿cuántas personas podrían regularizar su situación en Asturias?
La respuesta, a día de hoy, se mueve en una horquilla clara: entre 11.000 y 14.000 personas, con un escenario prudente que ronda las 10.000 y uno más amplio que podría acercarse a las 15.000.

La cifra que explica todo

El dato clave está en la diferencia entre el número de residentes extranjeros y quienes cuentan con autorización o certificado de residencia en vigor. En Asturias viven actualmente cerca de 69.000 personas con nacionalidad extranjera, mientras que alrededor de 58.800 figuran con documentación de residencia regularizada.

Ese desfase —en torno a 10.000 personas— no implica automáticamente irregularidad en todos los casos, pero sí marca el suelo estadístico desde el que proyectar el impacto de la medida.

A partir de ahí, los expertos apuntan a tres escenarios:

• Escenario prudente: 10.000–12.000 personas.

• Escenario central: 11.000–14.000 personas.

• Escenario alto: hasta 15.000 si aflora infrarregistro o situaciones no reflejadas con precisión en los padrones.

La estimación más sólida hoy se sitúa en la banda 11.000–14.000.

Qué implica para Asturias

No se trata de nuevas llegadas. La regularización está diseñada para personas que ya estaban en España antes de la fecha de corte fijada por el Gobierno y que acrediten tiempo de estancia y ausencia de antecedentes.

En términos prácticos, hablamos de:

• Afloramiento administrativo de personas que ya trabajan —muchas veces en economía sumergida—.

• Posible impacto positivo en cotizaciones y fiscalidad.

• Mayor acceso a contratos formales, alquileres y servicios.

• Reducción de la vulnerabilidad jurídica y laboral.

Asturias, con una población envejecida y necesidad de relevo en sectores como cuidados, hostelería, agricultura o construcción, podría notar especialmente el efecto de esta medida.

El efecto inmediato: consultas masivas

Antes incluso de que el procedimiento esté completamente en marcha, los organismos correspondientes en el Principado están recibiendo un aluvión de consultas. No es extraño: cada anuncio de regularización genera expectativas, incertidumbre y también temor a quedarse fuera.

Además, entidades sindicales y sociales advierten del riesgo de estafas y falsas asesorías que prometen agilizar trámites inexistentes. El proceso, insisten, debe realizarse por los canales oficiales.

Un cambio estructural en cifras

Si finalmente se regularizan en Asturias unas 12.000 personas, estaríamos ante un movimiento administrativo equivalente a más del 1% de la población total del Principado. No es un dato menor.

En un territorio con poco más de un millón de habitantes y con fuerte presión demográfica negativa, la medida podría tener efectos visibles en:

• Mercado laboral.

• Recaudación fiscal.

• Estadísticas de empleo.

• Servicios públicos.

• Integración social.

Lo que viene ahora

La clave estará en la capacidad administrativa para absorber el volumen de solicitudes y en la claridad de los requisitos definitivos. Cada matiz en el reglamento puede mover miles de casos dentro o fuera del proceso.

De momento, lo que es indiscutible es que Asturias no será ajena a la regularización. Muy al contrario: todo apunta a que el Principado vivirá uno de los procesos de afloramiento administrativo más significativos de los últimos años.

La cifra final dependerá de cómo se despliegue el procedimiento. Pero una cosa está clara: miles de personas que hoy viven en un limbo jurídico podrían dejar de hacerlo en los próximos meses.