La tensión vuelve a instalarse en el Congreso. El Gobierno encara horas decisivas para garantizar la revalorización de las pensiones tras el varapalo parlamentario de la semana pasada, cuando el decreto que incluía tanto la subida como la moratoria antidesahucios fue rechazado. La prioridad ahora es clara: que millones de pensionistas no vean afectada su próxima nómina. Pero el precio político de esa urgencia es una negociación a varias bandas, con presiones desde todos los flancos.

Un decreto dividido para asegurar apoyos

El Ejecutivo se inclina por trocear el texto y llevar al Consejo de Ministros un nuevo real decreto centrado exclusivamente en la revalorización de las pensiones, dejando para una segunda votación el bloque más controvertido del llamado “escudo social”, especialmente la suspensión de desahucios a familias vulnerables.

La subida prevista ronda el 2,7 % para las pensiones contributivas, conforme al IPC medio, y afectaría a más de nueve millones de personas. En términos prácticos, supone una actualización imprescindible para sostener el poder adquisitivo en un contexto todavía marcado por la inflación acumulada de los últimos años.

El Gobierno quiere evitar que la incertidumbre se prolongue más allá de esta semana. Si el nuevo decreto sale adelante de inmediato, la actualización podría aplicarse con efectos retroactivos si fuera necesario.

El pulso parlamentario

El principal obstáculo está en el bloque social. La moratoria de desahucios, prorrogada desde la pandemia, genera rechazo en Junts, PNV y Coalición Canaria, que sostienen que la medida perjudica a pequeños propietarios con una única vivienda en alquiler. Desde el nacionalismo vasco se insiste en que no puede recaer sobre particulares la responsabilidad de ofrecer alternativa habitacional a familias vulnerables, y que el Estado debe asumir parte del esfuerzo.

En el otro extremo, los socios de izquierda —Sumar, EH Bildu y ERC— advierten de que no aceptarán una desprotección de los colectivos más vulnerables. Consideran que desligar la subida de pensiones del escudo social puede ser tácticamente necesario, pero exigen garantías de que la moratoria volverá al Congreso con apoyos cerrados.

Podemos ha ido más allá y plantea que el Gobierno asuma directamente el pago de alquileres en los casos de familias que queden sin cobertura, una propuesta que abriría un debate presupuestario de calado.

Más que una votación: un test político

No es la primera vez que el Ejecutivo afronta un pulso similar. Ya ocurrió con la reforma fiscal a finales de 2024, cuando parte de sus socios condicionaron el resultado final. El actual escenario refleja un Parlamento fragmentado en el que cada voto cuenta y en el que las alianzas cambian según el contenido de las iniciativas.

La votación que se avecina no solo afecta a la actualización de las pensiones. Es también una prueba de la estabilidad parlamentaria del Gobierno y de su capacidad para articular mayorías en asuntos sensibles.

Una cuenta atrás con impacto real

Para millones de jubilados, el debate no es abstracto: es la diferencia entre mantener o perder poder adquisitivo en su día a día. Para miles de familias vulnerables, la discusión sobre la moratoria puede traducirse en seguridad o incertidumbre habitacional.

El Ejecutivo confía en que la división del decreto facilite un consenso amplio en torno a las pensiones, mientras continúa negociando ajustes en la redacción del escudo social que permitan atraer apoyos sin desdibujar su objetivo original.

La semana se presenta decisiva. Y, una vez más, el equilibrio entre responsabilidad social y aritmética parlamentaria marcará el rumbo político inmediato.