El nuevo marco legal obligará a registrar los contratos de alquiler y prevé sanciones de hasta 600 euros. El Gobierno asturiano busca aflorar el mercado en negro y obtener datos reales por barrios

En Asturias, recuperar la fianza al dejar un piso ha sido durante años una cuestión casi doméstica: una conversación privada, un papel con cuentas improvisadas y, en demasiados casos, una sensación amarga. Esa escena —tan común como incómoda— está a punto de cambiar.

El Proyecto de Ley de Vivienda del Principado de Asturias, actualmente en tramitación parlamentaria, introduce una novedad de calado: los propietarios estarán obligados a depositar la fianza del alquiler ante la Administración autonómica y a comunicar los datos esenciales del contrato. Quien no lo haga se enfrentará a multas de entre 150 y 600 euros.

No es un gesto simbólico. Es un giro político y administrativo que pone fin a más de una década de excepcionalidad asturiana.

De decisión política a rectificación: el giro tras el Decreto 48/2010

En 2010, el Principado aprobó el Decreto 48/2010, por el que declaró que no sería depositario de las fianzas de alquiler. Asturias se desmarcaba así de otras comunidades que sí asumían esa función.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece la obligatoriedad de la fianza —una mensualidad en vivienda habitual y dos en uso distinto—, pero deja en manos de las comunidades autónomas la regulación de su depósito. Asturias optó entonces por apartarse. Ahora da marcha atrás.

El nuevo texto legal, según ha explicado el Ejecutivo autonómico en su defensa pública del proyecto, persigue que la Administración pueda supervisar el cumplimiento del contrato y la gestión del aval, evitando conflictos como los que tantos inquilinos relatan.

Registro de contratos: el dato como herramienta de política pública

El cambio no se limita al depósito de la fianza. La ley sienta las bases para crear un registro de contratos de alquiler en Asturias.

Hoy, los datos oficiales sobre el mercado son fragmentarios. Más allá de lo declarado en el IRPF, no existe una fotografía precisa del número de contratos ni de las rentas efectivas por zonas. El nuevo sistema permitiría conocer:

• Cuántos contratos están activos.

• Cuánto se paga por barrios.

• Qué volumen de vivienda protegida existe realmente.

• Dónde hay mayor presión.

En un contexto en el que el debate sobre las zonas tensionadas y el acceso a la vivienda ha cobrado fuerza en distintas regiones, disponer de información detallada se convierte en una herramienta estratégica.

Asturias frente a otras comunidades: una anomalía que se corrige

Según el Ministerio de Vivienda, en España la mayoría de comunidades ya exigen el depósito obligatorio de fianzas en un organismo público. Solo unas pocas no lo hacen.

En regiones como Madrid, Cataluña o Andalucía el sistema está plenamente implantado y forma parte del engranaje habitual del alquiler. Asturias, junto con Navarra durante años, fue una excepción.

Con esta reforma, el Principado se alinea con el modelo predominante en el país.

Multas de hasta 600 euros… pero la clave estará en el reglamento

El texto prevé que no depositar la fianza constituya una infracción leve, sancionada con entre 150 y 600 euros. Sin embargo, la obligación no entrará en vigor automáticamente con la aprobación de la ley.

Primero deberá aprobarse un reglamento de desarrollo que concrete:

• Quiénes están obligados exactamente.

• Cómo y en qué plazo se deposita.

• Qué datos se comunican.

• Cómo se gestiona la devolución.

• Qué sistema informático se utilizará.

• Cómo se ejercerá el control.

El propio Ejecutivo reconoce que el régimen del depósito presenta un marcado carácter técnico y que ese nivel de detalle no es propio de una norma con rango de ley.

En otras palabras: la arquitectura legal está casi definida, pero la operativa real dependerá de cómo se diseñe ese reglamento.

¿Qué cambia para inquilinos y caseros?

Para el inquilino

• Más trazabilidad y prueba documental.

• Mayor respaldo institucional en caso de conflicto.

• Dificultad añadida para justificar descuentos improvisados.

Eso sí: la medida no elimina automáticamente las disputas por desperfectos o limpieza. Lo que hace es introducir un tercero que registra y controla el proceso.

Para el propietario

• Mayor carga administrativa.

• Necesidad de formalizar correctamente cada contrato.

• Más control fiscal indirecto.

A cambio, también aporta seguridad jurídica si todo está bien documentado desde el inicio.

Un movimiento con lectura política

El proyecto llega en un momento en el que el acceso a la vivienda ocupa el centro del debate público. Asturias ha impulsado programas para captar vivienda vacía y reforzar el parque público, y la nueva ley se inserta en esa estrategia.

El mensaje es claro: ordenar, registrar y supervisar.

La mayoría parlamentaria de izquierdas en la Junta General hace prever la aprobación de la norma. El objetivo declarado por el Ejecutivo es que el sistema esté operativo antes del final de la legislatura.

El fondo del asunto: poder, transparencia y mercado en negro

Más allá de la técnica jurídica, la medida tiene un efecto potencial inmediato: dificultar los alquileres no declarados que hoy se pagan en metálico.

Si hay obligación de depósito y registro, el alquiler “invisible” pierde margen.

La fianza deja de ser un acto privado y pasa a convertirse en un elemento supervisado. El contrato deja de ser un documento que solo conocen dos partes y se integra en un sistema de información pública.

En una comunidad donde el mercado del alquiler ha crecido en los últimos años y donde cada euro cuenta para estudiantes, trabajadores temporales o familias con ingresos ajustados, el cambio puede marcar un antes y un después.

Lo que está en juego

Asturias pasó en 2010 de la supervisión pública a la autorregulación privada. Ahora emprende el camino inverso.

La pregunta no es solo si la ley saldrá adelante —todo apunta a que sí—, sino si el nuevo sistema será ágil, eficaz y realmente controlado o si quedará en una obligación formal más.

Porque en el alquiler, como saben quienes han esperado sentados en un salón ajeno por la devolución de 450 euros, la diferencia entre la teoría y la práctica puede ser abismal.

Y esta vez, el Principado quiere estar en medio.