El Supremo condena a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados y fuerza un terremoto institucional sin precedentes

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos tributarios reservados, en un fallo histórico que desplaza al máximo responsable del Ministerio Fiscal y abre un escenario nunca visto en el equilibrio institucional español.

La sentencia —hecho público el fallo pero pendiente de la redacción completa— impone dos años de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros, 10.000 euros de indemnización al afectado y el pago de las costas. La decisión implica que García Ortiz deberá abandonar inmediatamente sus funciones en cuanto la condena sea firme.

La resolución se ha adoptado por mayoría 5 a 2, con dos votos particulares que previsiblemente cuestionarán los fundamentos de la condena. El dato no es menor: la división dentro de la propia Sala de lo Penal anticipa la complejidad jurídica y política que rodea el caso.

Cómo empezó todo: el correo, la filtración y el enfrentamiento político

La causa arranca con la investigación fiscal al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un correo emitido por su representación legal, se admitían dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. Ese correo contenía datos altamente sensibles en materia tributaria.

Durante la escalada política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, la Fiscalía General reaccionó difundiendo una nota de prensa destinada a contrarrestar el relato difundido por el entorno de Ayuso. Paralelamente, varios medios recibieron información basada en el contenido del correo, lo que llevó a la denuncia por revelación de datos reservados.

Posteriormente se abrió la causa penal contra García Ortiz. El Supremo registró su despacho, analizó dispositivos y escuchó a más de cuarenta testigos —entre ellos periodistas, fiscales y personal de la propia Fiscalía General— en un proceso sin precedente en democracia: nunca antes un fiscal general en activo había sido investigado penalmente, ni mucho menos condenado.

Por qué le condena el Supremo

El tribunal considera probado que García Ortiz incurrió en revelación de datos tributarios reservados, una modalidad específica del delito de revelación de secretos aplicable a autoridades y funcionarios. No aprecia prevaricación ni otros delitos inicialmente barajados, pero sí responsabilidad en la difusión de información que no debía hacerse pública.

La condena es más leve que lo solicitado por las acusaciones —que reclamaban hasta 12 años de inhabilitación y pena de prisión—, pero suficiente para apartarle del cargo y de la carrera fiscal.

Un escenario inédito: ¿y ahora qué ocurre con la Fiscalía General?

El fallo coloca al Gobierno ante una situación institucional extremadamente delicada. Una vez sea firme, la inhabilitación supone:

• Pérdida automática del puesto de fiscal general del Estado.

• Expulsión de la carrera fiscal durante dos años.

• Obligación del Gobierno de proponer un nuevo fiscal general para su nombramiento por el Rey.

En el plano político, el Ejecutivo ha expresado respeto a la sentencia, pero también ha dejado claro que no comparte el criterio del Supremo y refrenda su confianza en García Ortiz. La oposición, por su parte, habla de "crisis institucional profunda" y exige la salida inmediata del fiscal general.

Además, no se descarta que la defensa de González Amador utilice esta condena para cuestionar actuaciones en su propio procedimiento penal.

El punto más crítico: el Tribunal Constitucional entra en escena

La gran incógnita —y la que puede abrir una fractura institucional de enorme calado— es qué hará el Tribunal Constitucional cuando reciba el caso.

Las opciones de García Ortiz para recurrir no son muchas, pero existen:

1. Incidente de nulidad ante el propio Supremo

Un trámite excepcional, con pocas posibilidades de prosperar, pero paso obligatorio.

2. Recurso de amparo al Tribunal Constitucional

Aquí está el epicentro del conflicto:

• La mayoría progresista del Constitucional es percibida como cercana al Gobierno.

• El Supremo, en cambio, ha dictado una condena que cuestiona frontalmente la actuación de la Fiscalía General.

• Si el Constitucional decidiera corregir, anular o matizar la condena, el choque institucional sería enorme.

La pregunta, por tanto, es inmediata:
¿Se atreverá el Tribunal Constitucional a desautorizar al Tribunal Supremo en un asunto que afecta al máximo responsable del Ministerio Fiscal?

La respuesta tiene implicaciones profundas. Si el Constitucional contradijera la sentencia del Supremo, sectores amplios interpretarían el gesto como una ruptura del principio de separación de poderes y una deslegitimación del sistema democrático tal como se ha entendido hasta ahora.

3. Estrasburgo, último recurso

En caso de que el Constitucional no atienda el amparo, quedaría la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un caso que marca un antes y un después

La condena a García Ortiz reabre el debate sobre:

• La independencia del Ministerio Fiscal.

• La relación entre el Gobierno y el fiscal general.

• El papel del Tribunal Supremo en el control de los altos cargos del Estado.

• La creciente judicialización del conflicto político en España.

Y sobre todo, coloca al país ante un pulso entre instituciones cuyo desenlace puede afectar de forma profunda la credibilidad del sistema.

España asiste a un episodio inédito: un fiscal general condenado penalmente por revelar datos tributarios y un camino judicial que podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, poniendo frente a frente a las dos más altas instancias del sistema jurídico.

La pregunta ya está encima de la mesa:
¿mantendrá el Constitucional el criterio del Supremo o reabrirá la mayor crisis institucional de la democracia?