COESPE denuncia que la inflación erosiona el poder adquisitivo de la ciudadanía mientras las entidades financieras aumentan sus beneficios más de un 24%
Mientras los grandes bancos españoles anuncian beneficios históricos —25.000 millones de euros hasta septiembre, un 24% más que el año anterior—, miles de pensionistas y trabajadores vuelven a levantar la voz para exigir que los salarios y las pensiones se actualicen con el IPC real. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) advierte de que la inflación sigue “comiéndose” los ingresos de las familias, mientras el coste de la vida no deja de subir.
“La subida de precios es una resta silenciosa al poder adquisitivo de la clase trabajadora y de las personas pensionistas”, señala COESPE en su comunicado. “Si las pensiones y salarios no se actualizan conforme al IPC real, la mayoría de la ciudadanía pierde cada año parte de su renta, mientras las grandes corporaciones financieras aumentan sus márgenes de beneficio”.
El contraste entre los récords bancarios y la pérdida de poder adquisitivo
El enfado del colectivo pensionista no es nuevo, pero sí ha ganado intensidad en las últimas semanas tras la publicación de los resultados de las principales entidades financieras.
Según denuncian, la banca gana más que nunca gracias al aumento de los tipos de interés y el encarecimiento de los créditos, mientras los precios de los alimentos, la energía y los bienes básicos siguen disparados.
COESPE recuerda que más de un cuarto de la población española vive con riesgo de exclusión social, y que las pensiones mínimas —especialmente las de viudedad y jubilación parcial— “no pueden seguir midiendo su suficiencia en función del umbral de la pobreza, sino del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.
Cuatro exigencias claras al Gobierno
El manifiesto difundido por la organización incluye un paquete de cuatro demandas urgentes dirigidas al Ejecutivo central y a los partidos que lo sostienen:
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Revalorización automática de pensiones y salarios conforme al IPC real anual, sin topes ni fórmulas intermedias.
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Reforma fiscal progresiva e impuestos extraordinarios sobre los beneficios de la banca y de las grandes energéticas, para reforzar el sistema público de pensiones y los servicios sociales.
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Fin de las políticas que benefician a los especuladores financieros, que COESPE considera responsables de buena parte de la precariedad y la desigualdad.
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Defensa del modelo público de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional y la justicia social, frente a los intentos de privatización o recortes encubiertos.
“No aceptamos que se nos diga que no hay dinero mientras los bancos baten récords de ganancia”, recalcan. “Tampoco aceptamos los bulos interesados que intentan presentar el sistema público de reparto como inviable, cuando lo que falta es una auditoría real de la Seguridad Social y el cumplimiento estricto de la ley”.
El gasto militar, otro punto de fricción
El comunicado también critica el aumento del gasto en defensa, que en 2025 alcanzará los 40.457 millones de euros, equivalentes al 2,4% del PIB, superando el objetivo del 2% comprometido con la OTAN.
Para la coordinadora, ese dinero debería destinarse “a gasto social, pensiones y servicios públicos, no a reforzar la industria armamentística”.
“La brecha de género en salarios y pensiones sigue abierta, y las pensiones mínimas continúan por debajo de un nivel digno mientras se multiplican los beneficios de las grandes corporaciones”, lamentan.
Una movilización que no se detiene
Tras la gran manifestación del 25 de octubre en Madrid, donde miles de pensionistas y trabajadores de toda España reclamaron un pacto social que blinde el poder adquisitivo, COESPE asegura que las movilizaciones continuarán en los próximos meses en todas las comunidades autónomas.
“Nuestras reivindicaciones son cada día más necesarias”, afirman. “Gobierne quien gobierne, las pensiones y los derechos públicos se defienden”.
Un debate que marcará la agenda política
El debate sobre la vinculación de pensiones y salarios al IPC real amenaza con volver al primer plano político en los próximos meses.
Mientras el Gobierno defiende una subida “equilibrada” ligada al IPC medio anual, los colectivos sociales exigen un cálculo realista que tenga en cuenta la inflación efectiva y no promediada, para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
Con los precios al alza, el pulso entre la economía financiera y la economía doméstica parece lejos de resolverse. Pero el mensaje de los pensionistas es claro: no quieren caridad, quieren justicia económica.
