El Principado presenta en la Junta General un proyecto que busca garantizar la igualdad real en los pueblos, frenar el despoblamiento y reconocer el papel esencial de las mujeres rurales.

El Gobierno del Principado ha defendido ante la Junta General el Estatuto de las Mujeres Rurales, una norma que aspira a romper las barreras de género fuera del ámbito urbano y dignificar el papel de las mujeres que sostienen la vida en los pueblos asturianos. La ley, que se tramita como proyecto legislativo, pretende ser un instrumento de justicia social y desarrollo sostenible en un territorio donde la presencia femenina ha sido históricamente decisiva, aunque pocas veces reconocida.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, fue el encargado de presentar el texto en el Parlamento autonómico, donde defendió que el estatuto “no es solo una ley de igualdad, sino una ley de supervivencia para el campo asturiano”. Según sus palabras, el objetivo es doble: acabar con la discriminación estructural que aún padecen las mujeres rurales y reforzar su liderazgo en la economía, la empresa y la gestión de los recursos naturales.

“El campo asturiano no se entiende sin las mujeres. Este estatuto es un paso decisivo para reconocer lo que son: el pilar fundamental de nuestras comunidades”, subrayó el consejero.

Tres pilares para transformar el medio rural

El Estatuto de las Mujeres Rurales se articula en torno a tres grandes ejes que buscan generar igualdad real, modernización y arraigo en el territorio:

1. Igualdad de oportunidades.
El Principado promoverá campañas para eliminar estereotipos de género y reforzar la presencia de mujeres en los órganos de decisión del ámbito rural. También se les dará prioridad en las ayudas públicas vinculadas al sector agrario, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa europea. El objetivo es que las mujeres tengan voz, voto y visibilidad en las decisiones que afectan a sus territorios.

2. Formación, empleo y liderazgo femenino.
El estatuto garantizará el acceso a formación especializada y puestos de responsabilidad, incentivando la creación de empresas de economía social y trabajo autónomo femenino. Además, fomentará la titularidad compartida de explotaciones agrarias, para que el trabajo y la propiedad de la tierra reflejen la realidad de las familias campesinas, en las que las mujeres han estado al frente sin el reconocimiento formal que merecen.

3. Conciliación y corresponsabilidad.
La ley prevé ayudas directas para favorecer la conciliación y reducir la carga de cuidados que tradicionalmente recae sobre las mujeres. Asimismo, se eliminarán barreras de acceso al crédito y a la financiación, permitiendo que las emprendedoras rurales puedan poner en marcha o modernizar sus explotaciones sin depender de terceros.

Igualdad y repoblación: dos caras de un mismo reto

Más allá de la igualdad, el Estatuto de las Mujeres Rurales busca frenar el despoblamiento y dar futuro a los pueblos asturianos.

“No habrá repoblación posible si no garantizamos condiciones dignas para que las mujeres puedan quedarse, desarrollarse y liderar en sus propios territorios”, advirtió Marcelino Marcos.

El Gobierno del Principado considera esta norma una pieza estratégica dentro de la política rural asturiana, junto con los planes de relevo generacional y las medidas de digitalización del campo. El estatuto pretende convertirse en un motor de cambio demográfico y social, reforzando la cohesión territorial y la sostenibilidad.

Una ley con vocación de consenso

El Ejecutivo asturiano ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que respalden la norma y garanticen su aprobación con el mayor consenso posible.

“La igualdad no puede ni debe tener color político. Este estatuto no es solo del Gobierno, es de Asturias, de sus pueblos, de su futuro y de todas esas mujeres que merecen ser reconocidas como lo que son: parte esencial de nuestro presente y de nuestro porvenir”, concluyó el consejero.

En definitiva, el Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias nace como una ley pionera que aspira a poner nombre, rostro y derechos a quienes durante generaciones han sostenido la vida rural sin reconocimiento. Una norma que no solo busca igualdad, sino también revitalización, justicia y orgullo de pertenencia en los pueblos asturianos.