El Gobierno duplica hasta los 600 millones las ayudas a la industria electrointensiva. Asturias se lleva una porción millonaria, con ArcelorMittal y Asturiana de Zinc a la cabeza. Las empresas reciben dinero público para cubrir costes energéticos derivados del CO₂, mientras siguen generando las emisiones más altas del país.

El humo sigue saliendo de las chimeneas de Veriña y San Juan de Nieva, pero esta vez acompañado de una inyección millonaria de dinero público. El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado 600 millones de euros en ayudas a la industria electrointensiva española para compensar los llamados costes indirectos de CO₂. La medida beneficia a 194 empresas, y Asturias figura entre las grandes ganadoras.

En esta región, las principales beneficiarias son ArcelorMittal —con 42,2 millones solo en Asturias y 76,1 millones en total sumando País Vasco—, Asturiana de Zinc (AZSA), que se lleva 66,6 millones, además de CEASA (5,6 millones) y Aleastur (283.000 euros). En conjunto, las empresas asturianas absorben más del 20 % del total nacional.

El Gobierno justifica la medida como un impulso a la competitividad y una forma de “proteger el empleo” frente a los elevados precios eléctricos. Pero el contraste es sangrante: las empresas más subvencionadas son también las que más CO₂ emiten. En Gijón y Avilés, las factorías de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc encabezan año tras año el ránking nacional de emisiones industriales.

El dinero público contra el humo privado

La paradoja está servida. El Estado compensa a las grandes industrias por el coste del CO₂ mientras estas mantienen —o incluso amplían— su huella ambiental.
ArcelorMittal, la multinacional del acero, recibió este año más de 76 millones de euros para “cubrir los costes eléctricos derivados de la descarbonización”, pese a que su planta de Gijón fue señalada por Greenpeace y Ecologistas en Acción como una de las diez más contaminantes de España.

Lo mismo ocurre con Asturiana de Zinc, propiedad de Glencore, que recibió 66,6 millones de euros de fondos públicos. Su planta en San Juan de Nieva ha sido objeto de multas medioambientales por vertidos y emisiones en el pasado, y continúa operando con procesos altamente intensivos en energía y carbono.

Mientras tanto, las pymes industriales —muchas de ellas también electrointensivas— quedan fuera del reparto, sin acceso real a estos programas de compensación por la complejidad burocrática y la escala mínima exigida.

El doble filo del “compromiso verde”

El Gobierno destaca que estas ayudas “multiplican por cien” lo que se destinaba en 2018, cuando apenas se repartían seis millones. “Demuestran el compromiso con la competitividad industrial”, afirmó el ministro Jordi Hereu, que presentó el paquete como un instrumento para “mantener el empleo y la producción”.

Sin embargo, desde 2019 se han movilizado ya 2.000 millones de euros en subsidios de este tipo, sin que se aprecie una transformación real hacia la neutralidad climática.
El problema no es el apoyo, sino la ausencia de condiciones vinculantes. Ninguna de las empresas está obligada a reinvertir el dinero en tecnologías limpias, ni a reducir emisiones de forma proporcional a la ayuda recibida.

En la práctica, el Estado paga por contaminar, compensando a las grandes industrias por el sobrecoste eléctrico mientras los ciudadanos asumen tanto la factura ambiental como la fiscal.

Asturias: el corazón industrial y la herida ambiental

Asturias concentra buena parte de la industria electrointensiva española. Lo que en el siglo XX fue motor de progreso, hoy es también su principal dilema: sostener empleo industrial mientras se exige una transición ecológica que no termina de llegar.
Las ayudas actuales reconocen el peso de la región, pero también su dependencia estructural de un modelo fósil.

ArcelorMittal, por ejemplo, ha paralizado su proyecto de planta DRI (de reducción directa de mineral con hidrógeno verde) en Gijón, alegando “falta de rentabilidad” pese a haber recibido fondos europeos para su viabilidad. Asturiana de Zinc, por su parte, mantiene una producción constante basada en la electrólisis intensiva, sin planes inmediatos de transición energética.

El Ejecutivo autonómico ha aplaudido las ayudas como “un paso en la buena dirección”, aunque en los pasillos del Principado se admite que Asturias sigue siendo rehén de un modelo que no cambia: el del dinero público para industrias contaminantes.

Los otros beneficiarios

Además de las dos grandes asturianas, el reparto nacional incluye a Celsa (28 millones), Moeve (23 millones), Ferroglobe (21,7 millones), Sidenor (16 millones), Petronor (11,5 millones) y Siderúrgica Sevillana (11,1 millones). Todas ellas empresas con fuertes emisiones de gases industriales o consumo eléctrico desmesurado.

El Ministerio insiste en que la medida “previene la fuga de carbono” —es decir, que las empresas se marchen a países con normas medioambientales más laxas—, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse: ¿cuánto más pagará el contribuyente para sostener industrias que no reducen su impacto?

La factura real de la transición

El Gobierno destina este año 600 millones de euros a compensaciones por CO₂, pero las organizaciones ambientales calculan que los costes sanitarios y climáticos derivados de la contaminación industrial en España superan los 10.000 millones anuales.
El contraste es demoledor. Mientras el Estado subvenciona a los mayores emisores, el aire en Gijón y Avilés sigue registrando picos de contaminación que superan los límites europeos recomendados.

“Es como pagarle a alguien por fumar menos mientras sigue fumando dos cajetillas al día”, ironizaba un experto en política energética.

Un modelo que se agota

Las ayudas a la industria electrointensiva fueron concebidas como un parche temporal mientras Europa avanzaba hacia la transición verde. Pero siete años después, se han convertido en una muleta permanente.
El riesgo es que estas subvenciones perpetúen el retraso tecnológico de las grandes industrias españolas, protegiendo su modelo tradicional en lugar de empujar su reconversión.

En palabras de un analista industrial asturiano:

“Estamos subvencionando la electricidad sucia con dinero limpio. Es el mundo al revés.”

El precio del humo

Asturias vuelve a ser protagonista en la historia de la industria pesada: receptora de millones, exportadora de emisiones.
Las ayudas a ArcelorMittal y Asturiana de Zinc alivian sus costes eléctricos, pero no sus responsabilidades ambientales.
El dinero fluye del erario público a las mismas chimeneas que siguen cubriendo de polvo las fachadas de Gijón y Avilés.

El mensaje es claro: el CO₂ también cotiza… y el contribuyente paga la factura.