La autopista AP-66 recaudará más de 2.600 millones de euros desde su apertura y su prórroga hasta 2050, firmada sin concurso público, ha sido declarada ilegal por la Comisión Europea. El Gobierno se niega a rescatar la vía pese a las advertencias de Bruselas.

Desde que abrió en 1983, el peaje del Huerna se ha convertido en uno de los símbolos más indignantes de la desigualdad territorial en España. Cada día, miles de asturianos pagan religiosamente entre León y Oviedo un peaje que cuesta 15,60 euros para un turismo y que, lejos de tener fecha de caducidad, seguirá activo hasta el año 2050. La concesionaria, Aucalsa, prevé ingresar 1.746 millones más en los próximos veinticinco años, que se suman a los 900 millones ya recaudados hasta 2023. En total, más de 2.600 millones de euros saldrán del bolsillo de los conductores.

Pero el verdadero escándalo no está solo en las cifras, sino en el contrato que las sostiene. La prórroga de la concesión aprobada en el año 2000, sin licitación pública, ha sido declarada ilegal por la Comisión Europea, que considera que España vulneró las normas de competencia. Pese a ello, el Ministerio de Transportes ha decidido mantener el peaje y defenderlo ante Bruselas, alegando “interés general” y “seguridad jurídica”. Traducido: el Estado prefiere seguir pagando millones antes que enfrentarse a una posible indemnización a la concesionaria.

Un contrato que nació viciado

La autopista Campomanes-León (AP-66) fue concebida en los años setenta como una infraestructura estratégica para conectar Asturias con la meseta. La concesión, otorgada a Aucalsa, incluía la construcción y explotación de la vía durante un periodo limitado. Sin embargo, en el año 2000 el Gobierno amplió la concesión 50 años más, hasta 2050, bajo la justificación de “garantizar la viabilidad económica” de la empresa.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en 2004 de irregularidades en esa ampliación: falta de transparencia, modificación sustancial del contrato original y ausencia de concurso público. Veinte años después, Bruselas le ha dado la razón.

Una mina de oro en la montaña asturleonesa

El peaje del Huerna no es una carretera: es un filón económico. Solo en 2024, la concesionaria ingresó 47,8 millones de euros, unos 130.000 euros diarios, lo que supone un incremento respecto al año anterior. Los precios suben, el tráfico se mantiene estable —unos 8.800 vehículos al día— y el beneficio continúa creciendo.
En 2009, cruzar la autopista costaba 10,60 euros; hoy cuesta 15,60. Una subida del 47 % en dieciséis años. El negocio es tan redondo que, según las propias previsiones de Aucalsa, aún necesita recuperar 600 millones más para “amortizar su inversión”.

Y mientras los conductores asturianos pagan peaje cada vez que cruzan Pajares, en otras comunidades —como Galicia, La Rioja o Andalucía— sus autopistas de peaje ya han sido liberadas o rescatadas por el Estado. Asturias sigue pagando por una infraestructura esencial que el resto del país ya disfruta sin coste.

La paradoja del Estado: paga bonificaciones pero no rescata la vía

El Ministerio de Transportes ha optado por mantener el peaje y “aliviar” su impacto con bonificaciones parciales. Entre enero y junio de 2025, el Estado había presupuestado 6,2 millones de euros para descuentos a vehículos ligeros, pero solo se ejecutó una sexta parte: 1,28 millones.
La cifra es ridícula frente al negocio de la concesionaria. En los últimos años, el Gobierno ha desembolsado más de 50 millones de euros en anticipos a Aucalsa y otros 68 millones en obras de modernización —como la reforma de los túneles—, financiadas con dinero público pero sin reducción del peaje.

La Unión de Consumidores de Asturias califica la situación de “abuso estructural” y reclama la supresión inmediata del peaje sin indemnización a la empresa. Argumentan que una prórroga ilegal no puede producir efectos económicos válidos. “Una norma ilegal no puede generar un negocio perpetuo”, denuncian.

Bruselas amenaza, Madrid se aferra

En julio, la Comisión Europea dio a España dos meses para corregir la prórroga o enfrentarse al Tribunal de Justicia de la UE. El Gobierno respondió defendiendo el contrato y asegurando que “no existen motivos suficientes” para rescindirlo.
El diputado asturiano Rafael Cofiño (Sumar) ha pedido explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, y exige que se declare nula la concesión “por ser injusta, discriminatoria y contraria al derecho europeo”.

Mientras tanto, la presión social aumenta. Ayuntamientos, colectivos vecinales y organizaciones empresariales han firmado un manifiesto común contra el peaje. Gijón, Avilés y Oviedo se han adherido al texto. El próximo viernes 17 de octubre, la manifestación “Asturias unida. Fin al peaje del Huerna” recorrerá el centro de Oviedo, encabezada por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

El agravio económico

El peaje del Huerna se ha convertido en un obstáculo real para la economía asturiana. Cada año, miles de empresas de transporte, trabajadores y turistas soportan un sobrecoste que encarece la logística, resta competitividad y frena la conexión con la meseta.
Desde su apertura, se calcula que los conductores han pagado ya más de 1.500 millones de euros, y que otros 67 millones de vehículos atravesarán el peaje hasta 2050. Un impuesto no oficial que grava cada movimiento de mercancías y personas hacia Asturias.

Mientras tanto, Aucalsa mantiene una deuda media de 280 millones, pero sigue acumulando beneficios y blindando su posición. Según las auditorías, solo un 30 % de los ingresos se destina realmente al mantenimiento de la vía.

Un modelo que castiga y divide

El caso del Huerna no es un error técnico: es el reflejo de un modelo que privatiza beneficios y socializa pérdidas. Un contrato redactado hace medio siglo, modificado a espaldas de la competencia europea y sostenido por gobiernos de distinto signo, sigue drenando recursos de una región que lucha por mantener su pulso industrial y poblacional.

Aucalsa no es una excepción. Forma parte del grupo Itínere Infraestructuras, cuyo principal accionista es el fondo luxemburgués Abanca Infraestructuras Global, y que gestiona otras autopistas en Galicia y el País Vasco. En todos los casos, la rentabilidad está garantizada por el Estado. El riesgo, como siempre, lo paga el ciudadano.

Un futuro en disputa

El escenario está abierto. Bruselas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, forzando la nulidad de la prórroga. Pero si el Gobierno opta por rescatar la concesión, el coste sería también descomunal: más de 1.700 millones de euros según estimaciones oficiales.
El Ministerio, sin embargo, prefiere mantener el statu quo y seguir pagando subvenciones anuales. Lo hace en nombre de la “seguridad jurídica”, pero en la práctica perpetúa un sistema de expolio amparado por el BOE.

La herida abierta del Huerna

El peaje del Huerna no es solo un problema económico: es una herida política, jurídica y emocional. Para miles de asturianos, simboliza la indiferencia de Madrid hacia el norte, la desigualdad en las infraestructuras y la resignación de quienes llevan pagando cuatro décadas por un derecho básico: moverse.

Cada coche que cruza los túneles deja atrás no solo euros, sino una sensación de agravio que se ha convertido en identidad.
Un contrato firmado hace medio siglo y prorrogado sin control mantiene hoy atrapada a una región entera.
El Huerna sigue siendo lo que siempre fue: una autopista de montaña, pero también una autopista del poder.