Residía en el concejo desde 2010 y regentaba un negocio hostelero, pero ahora deberá responder en México por un fraude de 1,5 millones de pesos cometido junto a varios familiares

La vida cotidiana de una hostelera de Cangas de Onís, integrada desde hace más de una década en la comunidad asturiana, ha dado un giro radical tras la decisión de la Audiencia Nacional de autorizar su extradición a México. La mujer, de doble nacionalidad mexicana y española, está acusada de haber participado en una estafa de 1,5 millones de pesos mexicanos (unos 70.000 euros) que, según la justicia del país latinoamericano, se remonta al año 2018.

Arraigo en Asturias y un pasado en entredicho

Empadronada en Cangas desde 2010, trabajaba en el sector hostelero y era conocida entre vecinos y clientes como una mujer de vida discreta. Sin embargo, en octubre de 2024 fue detenida en España tras activarse una orden internacional de detención solicitada por la Embajada de México. Desde entonces permanecía en libertad provisional en Asturias, con medidas cautelares: retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

Cómo se fraguó la estafa

Los hechos que motivan la extradición se sitúan en México, 2018. La hostelera y varios de sus familiares acudieron a la empresa International Business de México S.A. de C.V. solicitando financiación para ejecutar un supuesto contrato de construcción. El 18 de octubre de 2018 obtuvieron un primer préstamo de 1.000.000 de pesos, avalado con un cheque por idéntica cantidad.

Un mes después, el 26 de noviembre, regresaron a por un segundo préstamo de 500.000 pesos, esta vez respaldado con un contrato de obra que decían tener con Volkswagen de México y otro cheque, por un millón de pesos. El prestamista transfirió el dinero confiando en la legalidad de la operación.

La realidad se destapó poco después: los cheques resultaron sin fondos cuando se intentó cobrarlos (el 19 de diciembre de 2019 y el 16 de junio de 2020). La deuda jamás fue devuelta. Según la denuncia, los implicados llegaron a presumir de que “no pagarían porque tenían abogados que los sacarían de cualquier problema”.

El filtro judicial en España

La defensa de la mujer alegó ante la Audiencia Nacional que el caso estaba prescrito y que México no ofrecía suficientes garantías procesales. El tribunal, sin embargo, concluyó que la conducta descrita sería igualmente constitutiva de delito de estafa en España, y que no había prescripción alguna.
De este modo, se cumplía el principio de doble incriminación, condición indispensable en materia de extradiciones. La Audiencia subrayó que no le corresponde juzgar la culpabilidad, sino valorar si procede la entrega.

La sentencia declara, por tanto, procedente la extradición y deja en manos del Gobierno español la decisión final sobre la entrega efectiva a las autoridades mexicanas.

Más allá de un caso aislado

El pronunciamiento de la Audiencia Nacional se enmarca en una larga lista de casos de cooperación judicial con México. En algunos, la extradición se ha denegado por defectos de forma o falta de garantías; en otros, como este, se ha concedido tras comprobar que los hechos encajan en el ordenamiento español.
El tribunal quiso destacar que se trata de un fraude económico clásico: préstamos obtenidos mediante engaños documentales y cheques falsos que nunca se cubrieron.

Una deuda que viaja con ella

La hostelera de Cangas, que hasta hace poco servía menús y atendía turistas en la capital del oriente asturiano, se enfrenta ahora a un futuro incierto: si el Gobierno da el visto bueno final a su entrega, deberá responder en México por los cargos y afrontar un proceso penal en el que la deuda impagada es ya una losa de 1,5 millones de pesos.