Asturias ha declarado la guerra política y social al Gobierno de Pedro Sánchez por el peaje del Huerna. Lo que en la reunión de la Alianza de las Infraestructuras se calificó como una “unidad histórica” se ha convertido en un plan de ofensiva múltiple: movilización en la calle, presión institucional y batalla judicial en Europa. El objetivo es inequívoco: acabar con un pago que Bruselas ya ha señalado como ilegal y que Asturias considera un agravio insoportable.
El dictamen europeo que lo cambia todo
El giro llegó este verano con el dictamen de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción INFR (2021) 4052, que concluye que las prórrogas de la concesión de la AP-66 fueron contrarias al derecho comunitario al aprobarse sin licitación pública y sin transparencia. Bruselas desmontó la coartada legal de España y dejó en evidencia que el argumento del Gobierno central para mantener el peaje hasta 2050 no se sostiene.
La respuesta de Transportes ha sido atrincherarse: informes de la Abogacía del Estado y de la Intervención General respaldan la validez de la prórroga y el Ejecutivo defiende su vigencia hasta mediados de siglo. Un pulso jurídico que, en Asturias, se interpreta como un desafío directo a lo que ya es un clamor.
Una unidad sin fisuras
Por primera vez en décadas, todos los partidos con representación en la Junta General se han alineado contra Madrid. Desde el PSOE asturiano hasta Foro, pasando por PP, IU, Vox y Somos Asturies, el consenso es absoluto en una exigencia común: bonificación inmediata del 100 % del peaje y supresión definitiva.
Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, remarcan que no bastan declaraciones: habrá que salir a la calle. Y el empresariado, con FADE y las Cámaras de Comercio a la cabeza, ha dejado claro que el peaje no solo castiga a los asturianos, sino que erosiona la competitividad de todo el Noroeste español.
Ofensiva en tres frentes
La hoja de ruta aprobada por la Alianza incluye tres ejes:
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Movilización ciudadana. La primera gran cita será el viernes 17 de octubre en Oviedo, con una concentración en La Escandalera que busca mostrar una imagen incontestable de unidad asturiana frente a Moncloa.
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Acción judicial. Asturias explorará todas las vías para exigir al Tribunal de Justicia de la UE que obligue a España a suprimir el peaje. Asociaciones de consumidores y transportistas ya preparan demandas para reclamar devoluciones millonarias.
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Presión política. El Principado asumirá el liderazgo en Madrid y en Bruselas, y ya se plantea un frente común con Galicia por la AP-9, también cuestionada por Europa.
Un agravio multimillonario
El peaje del Huerna recauda cada año más de 80 millones de euros, con más de 3,2 millones de vehículos en 2023. Mantener la concesión hasta 2050 supondría para la concesionaria ingresos superiores a 2.150 millones de euros. Una cifra que contrasta con la situación de otras comunidades donde el Estado ha asumido los rescates sin trasladar la factura a los usuarios.
El pulso está servido
La consigna que sale de Asturias es clara: el Gobierno central debe asumir su obligación. Hasta que no se suprima o se bonifique al cien por cien, la presión no cesará. El peaje del Huerna se ha convertido en mucho más que un problema de tráfico: es un símbolo de dignidad territorial. Y Asturias no está dispuesta a resignarse.
