La convocatoria se abrirá en octubre y se suma a la de 2023, con lo que en cuatro años se habrán destinado 31 millones a subvencionar el acceso a la vivienda

El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 14,7 millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas al alquiler que se pondrá en marcha el próximo mes de octubre. La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos prevé comenzar a resolver expedientes a partir de principios de 2026.

Se trata de la segunda convocatoria dentro del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, tras la abierta en 2023, dotada con 16,1 millones de euros. Con ambas, el Principado habrá destinado en este período un total de 31 millones de euros en subvenciones al alquiler.

Balance de la primera convocatoria

De la primera convocatoria ya se han tramitado 5.182 solicitudes:

• 3.222 aprobadas.

• 1.490 denegadas.

• 470 desistidas.

El importe abonado hasta ahora asciende a 13,6 millones de euros, con una ayuda media de 4.245 euros por beneficiario. A falta de una última resolución prevista antes de que acabe el año, la Dirección General de Vivienda estima que el número total de beneficiarios rondará las 4.000 personas.

Qué puede suponer la nueva línea de ayudas

Si se mantiene la misma proporción de concesiones que en 2023, los 14,7 millones de euros autorizados ahora podrían traducirse en más de 3.400 beneficiarios adicionales con apoyos similares a los de la primera convocatoria.

En términos prácticos, significa que en el conjunto del programa (2023-2026) unas 7.000 a 8.000 personas habrán recibido respaldo económico directo para mantener su alquiler en Asturias.

Más allá de las ayudas

El Ejecutivo autonómico vincula estas subvenciones a un paquete más amplio de medidas en materia de vivienda:

• La construcción de casi 600 pisos públicos, la mayoría para menores de 35 años, con otras 400 en preparación.

• El lanzamiento del programa Alquilámoste, destinado a fomentar arrendamientos asequibles.

• La declaración de 16 zonas tensionadas en seis concejos para poner límites a los precios de los alquileres.

• Una futura ley autonómica de vivienda que blinde el carácter protegido de la vivienda pública y privada, evitando su venta en el mercado libre.