El Principado rechaza el recurso del Defensor del Pueblo y defiende su plan de gestión, que prevé la eliminación de hasta 53 ejemplares hasta 2026.

El Gobierno de Asturias ha anunciado que se personará contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo que busca revertir la rebaja de la protección del lobo ibérico. La decisión responde a la voluntad del Principado de mantener las medidas aprobadas este año, que incluyen la posibilidad de eliminar un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026, con el objetivo de facilitar la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva.

La Consejería de Medio Rural, dirigida por Marcelino Marcos, subraya que Asturias siempre se opuso a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), una medida que en su día impedía los controles poblacionales. La especie salió del LESPRE en marzo gracias a la Ley de Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025), pero el Defensor del Pueblo recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que admitió el recurso en julio.

El recurso plantea revertir la reforma legal, volver a proteger al lobo a nivel estatal y limitar de nuevo su gestión en todo el territorio al norte del Duero. Para el Ejecutivo asturiano, esto supondría “un retroceso” en la gestión y “un golpe” a la capacidad autonómica para adaptar las políticas medioambientales a las necesidades de su territorio.

“Defenderemos las competencias de Asturias y la convivencia entre la conservación del lobo y la viabilidad del sector agroganadero”, declaró Marcos. El Principado sostiene que la experiencia acumulada y los estudios científicos avalan una gestión equilibrada que permita conservar la especie sin poner en riesgo el desarrollo económico y social de las zonas rurales.