El viceconsejero Juan Carlos Campo alerta de graves consecuencias para las empresas electrointensivas tras el rechazo en el Congreso de una norma clave para abaratar la factura eléctrica y acelerar la transición energética.

Impacto directo sobre el bolsillo de la industria asturiana. Así ha resumido el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, la situación que deja el rechazo en el Congreso del Real Decreto-ley 7/2025, conocido como decreto antiapagones, una norma que, según el Gobierno de Asturias, suponía un respiro económico para las empresas electrointensivas y un paso firme hacia la modernización energética del país.

¿Qué proponía el decreto?

• Una exención del 80 % en los peajes eléctricos para las industrias de alto consumo, con carácter retroactivo desde enero de este año.

• Facilidades para el almacenamiento energético, vital para garantizar el suministro en momentos de alta demanda.

• Impulso a los parques eólicos y a la red eléctrica, desbloqueando capacidad para nuevas conexiones industriales.

Campo lamenta que se haya perdido “una oportunidad clave para reforzar la competitividad de Asturias”, donde muchas empresas dependen de un suministro eléctrico estable y asequible para mantener su actividad.

“Es injustificable desde el punto de vista técnico y económico”, ha afirmado el viceconsejero, quien recalca que no se trataba de un decreto ideológico, sino de medidas de eficiencia para sostener el tejido productivo y favorecer la descarbonización.

Un rechazo con consecuencias millonarias.
La caída del decreto —tumbado por los votos de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y Chunta Aragonesista— frena en seco una medida que habría ahorrado millones a la industria asturiana y enviado una señal de certidumbre al sector energético.

Más allá del ahorro, Campo ha recordado que la norma formaba parte de una estrategia más amplia de descarbonización y modernización industrial, “con un enfoque