El Gobierno del Principado de Asturias ha dejado clara su postura: no admitirá ningún privilegio para Cataluña en el futuro modelo de financiación autonómica. El aviso llega en un momento clave, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez negocia con la Generalitat de Cataluña un acuerdo sin precedentes, que permitirá a esta comunidad recaudar la totalidad de su IRPF a partir de 2026.

Asturias, como el resto de comunidades de régimen común, no dispone de competencias fiscales propias como sí tienen el País Vasco o Navarra, donde rige un modelo foral. Por tanto, la posibilidad de que Cataluña acceda a una “financiación singular”, sin que el resto de regiones participen de forma simétrica en esa negociación, se percibe en Oviedo como una amenaza directa al principio de igualdad entre comunidades autónomas.

Un modelo fiscal a medida de los pactos

La propuesta que el Gobierno central negocia con ERC y el PSC —parte del acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat— prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma en 2026 la recaudación completa del IRPF generado en su territorio. El plan es que, a medio plazo, también se transfieran otros tributos como el IVA o el impuesto de matriculación, dando a Cataluña un control fiscal que solo poseen las comunidades forales.

El modelo contempla cláusulas de ordinalidad, es decir, que Cataluña no pierda posición en el ranking de comunidades en función del esfuerzo fiscal de sus ciudadanos, así como un mecanismo de solidaridad para transferencias al Estado, pero sin alterar el hecho central: Cataluña controlará directamente su recaudación tributaria, dejando al Estado como receptor de compensaciones, no como gestor.

Asturias, sin margen de duda: igualdad o conflicto

La respuesta del Gobierno asturiano ha sido firme y unánime. Desde la Consejería de Hacienda se recuerda que el nuevo modelo debe negociarse en igualdad de condiciones entre todas las comunidades del régimen común, como ya se recogió en la Declaración de Santiago —firmada por varias regiones, entre ellas Asturias— y en acuerdos previos de la Junta General del Principado.

Para Asturias, el problema no es solo la posibilidad de que Cataluña tenga una financiación distinta, sino que esa ventaja no haya sido pactada multilateralmente. En otras palabras: el Gobierno central está troceando el modelo fiscal del Estado para garantizar apoyos parlamentarios, dejando a comunidades como Asturias al margen de las decisiones estructurales.

Preocupación empresarial y fractura autonómica

La inquietud no se limita a las instituciones políticas. Los empresarios asturianos han manifestado también su preocupación ante un escenario en el que el sistema fiscal español deje de ser común, afectando al principio de redistribución y a la competitividad de las empresas radicadas en regiones que no disfruten de estas ventajas fiscales.

El temor es que la aprobación de un modelo singular para Cataluña marque un antes y un después en el reparto de recursos públicos y en la cohesión territorial del Estado. En esa línea, otras comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía han advertido de que no descartan acudir al Tribunal Constitucional si finalmente se materializa un acuerdo de financiación a medida sin el consenso de todas las regiones.

Una jugada arriesgada para el Gobierno central

La maniobra fiscal del Gobierno responde también a un contexto de debilidad política. Tras las tensiones internas derivadas del caso de corrupción que salpica a Santos Cerdán, figura clave del PSOE en las negociaciones con ERC, Moncloa necesita consolidar sus apoyos parlamentarios para mantener la legislatura.

En ese contexto, la financiación de Cataluña se ha convertido en moneda de cambio. Se plantea como un paso hacia la “desjudicialización” del conflicto catalán, pero en realidad supone una cesión estructural que puede tener repercusiones profundas en el equilibrio territorial.

Asturias se prepara para un escenario de defensa

Ante este panorama, Asturias prepara su posicionamiento para no quedar relegada en la futura reforma del sistema de financiación. El Gobierno del Principado defiende la multilateralidad, el respeto al equilibrio fiscal y el refuerzo de la financiación en función de las necesidades reales de cada comunidad, no de su peso político coyuntural.

Si el acuerdo entre el Estado y Cataluña prospera sin consenso, es probable que se reabra un conflicto institucional a escala nacional, donde Asturias no solo no se mantendrá al margen, sino que tomará posición para defender sus recursos y su autonomía frente a cualquier desequilibrio.