Asturias ampliará la justicia gratuita con más cobertura y nuevos servicios: asesoramiento en mediación y protección para víctimas de violencia sexual

Asturias ampliará la justicia gratuita con más cobertura y nuevos servicios: asesoramiento en mediación y protección para víctimas de violencia sexual

El Principado modifica su reglamento para adaptarse a la nueva Ley de Eficiencia y negociará con los colegios de abogados los pagos por los nuevos servicios legales

 

El Gobierno del Principado de Asturias se prepara para una ampliación sin precedentes del servicio de justicia gratuita, con el objetivo de adaptar el sistema autonómico a las exigencias de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. La reforma permitirá incluir la asistencia letrada en procesos de mediación obligatorios y la cobertura integral a víctimas de violencia sexual, dos avances clave para garantizar el acceso igualitario a la justicia.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha informado a los decanos de los colegios de abogados de Gijón y Oviedo, Benigno Villarejo y Antonio González-Busto, respectivamente, de los cambios normativos que se están preparando para modificar el decreto autonómico que regula la asistencia jurídica gratuita.

Justicia gratuita adaptada al siglo XXI

El primer cambio se relaciona con la puesta en marcha de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que contempla la nueva ley estatal. Estos mecanismos, como la mediación o la conciliación, se configuran como paso previo y obligatorio en algunos procedimientos judiciales. Su objetivo es evitar litigios innecesarios y reducir la carga de los juzgados, fomentando el acuerdo entre las partes en conflicto.

El Principado, sin embargo, no contemplaba hasta ahora el abono de los servicios profesionales necesarios para estos procedimientos de mediación dentro del sistema de justicia gratuita. Por eso, se está trabajando ya en la modificación del decreto para incorporar estos servicios y garantizar que todas las personas con derecho a justicia gratuita puedan contar con el asesoramiento y acompañamiento de un abogado desde la fase previa al juicio.

Ampliación de derechos para las víctimas de violencia sexual

La segunda gran novedad tiene una carga social especialmente importante: a partir de octubre de 2025, todas las víctimas de violencia sexual tendrán automáticamente derecho a justicia gratuita, del mismo modo que ya ocurre con las víctimas de violencia de género. Esta medida responde a la nueva legislación estatal, que amplía el concepto de protección y reconoce la necesidad de asistencia legal desde el primer momento a todas las víctimas de delitos sexuales, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.

Para hacer efectiva esta cobertura, el Principado también deberá reformar el reglamento de justicia gratuita, ajustando la normativa actual para garantizar este derecho y evitar situaciones de indefensión en uno de los ámbitos más sensibles del sistema judicial.

Negociación abierta con los colegios de abogados

Durante el encuentro, en el que también participó la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, el consejero Peláez destacó la importancia del papel de los colegios profesionales y agradeció su disposición al diálogo. La modificación del decreto autonómico requerirá un acuerdo sobre los nuevos baremos de retribución que regularán el pago por estos servicios adicionales que los letrados deberán prestar.

“Queremos que esta ampliación de derechos se haga de forma ordenada, justa y consensuada con la abogacía, que es un pilar fundamental en el acceso a la justicia”, señaló Peláez al término de la reunión.

Más allá de la ley: una apuesta por una justicia más humana y accesible

Con estas medidas, Asturias refuerza su compromiso con una justicia más accesible, moderna y centrada en las personas, que no deja a nadie atrás. La reforma no solo responde a una obligación legal, sino que abre la puerta a un modelo de atención más integral, sensible a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables.

La adecuación a la nueva ley no se limita a una mera cuestión técnica, sino que representa un paso decidido hacia una justicia más ágil, preventiva, protectora y cercana, que pone el foco en resolver los conflictos antes de llegar al juzgado y en proteger a quienes más lo necesitan.

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