El acuerdo, que pone fin a semanas de un conflicto sin precedentes, se fraguó sobre la base de una histórica concesión económica del Principado, que multiplicó por tres su oferta inicial. Pese a lograr mejoras estructurales en ratios y plantillas, el pacto nace con una fractura abierta: la del profesorado de base que se siente traicionado por una subida salarial que consideran "una humillación"

El mayor pulso de la historia reciente de la educación asturiana ha terminado. Tras ocho horas de una reunión maratoniana y con el eco de los tambores y abucheos de cientos de docentes en la calle, el Gobierno del Principado y los cinco sindicatos (ANPE, CC OO, SUATEA, UGT y CSIF) firmaron un preacuerdo que desconvoca la huelga. Sin embargo, la paz se ha comprado a un precio récord y deja un poso de victoria amarga. El pacto, que movilizará 154 millones de euros hasta 2028, fue posible únicamente porque el Ejecutivo asturiano cedió en casi todos los frentes, partiendo de una posición inicial que se antojaba inamovible.

El abismo inicial: de 14 millones a la equiparación salarial

Al inicio del conflicto, las posturas no podían estar más alejadas. El Gobierno, entonces con Lydia Espina como consejera, había puesto sobre la mesa una propuesta que ascendía a 14,4 millones de euros, centrada en mejoras puntuales y considerada "irrisoria" por los colectivos docentes.

Enfrente, una base de profesores, articulada en la combativa "Plataforma de Docentes por la Convocatoria de Huelga", exigía un cambio estructural con una reivindicación principal e irrenunciable: la equiparación salarial con las comunidades autónomas vecinas. Denunciaban una brecha de entre 250 y 300 euros mensuales con respecto a un docente en Cantabria, una diferencia que consideraban el verdadero motor de la protesta. Junto a ello, exigían una bajada drástica e inmediata de las ratios, una reducción real de la burocracia y la recuperación de la reducción horaria para los mayores de 55 años.

Las tres grandes cesiones del Gobierno para lograr el acuerdo

Ante la presión de una huelga sostenida y un malestar que no dejaba de crecer, el Gobierno del Principado, con la vicepresidenta Gimena Llamedo a la cabeza, movió ficha de forma drástica, cediendo en tres áreas estratégicas:

1. Concesión económica y de personal: El salto fue cuantitativo y cualitativo. Se pasó de los 14,4 millones iniciales a un plan que alcanzará un coste anual de 45 millones de euros en 2028. Esta inyección permitirá la contratación de 300 nuevos maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y 30 auxiliares educadores. Es la mayor concesión, el gesto que desbloqueó la negociación al triplicar la inversión y aceptar la necesidad de reforzar las plantillas, una de las líneas rojas de los sindicatos.

2. Concesión en las ratios: Aunque la aplicación será progresiva y ha sido duramente criticada por ello, el Principado aceptó reducir las ratios generales de 25 a 23 alumnos por aula en Primaria y primer ciclo de la ESO. Más importante aún, cedió en una demanda histórica: que cada alumno con necesidades específicas de apoyo educativo compute como dos a efectos de ratio, una medida de gran calado para la atención a la diversidad.

3. Concesión en condiciones laborales y burocracia: El Gobierno aceptó un paquete de medidas que, si bien no son de aplicación inmediata, suponen un reconocimiento de las quejas. Se comprometió a contratar 30 administrativos para descargar a los docentes, a desarrollar un "Plan Simplifica" y a asumir demandas históricas como la equiparación salarial del profesorado técnico de FP del grupo A2 o la creación de los departamentos de Economía. También puso sobre la mesa un calendario para negociar la reducción de jornada de los mayores de 55 años, algo que se había negado anteriormente.

Las "sombras" del pacto: por qué la victoria no se celebra en la calle

Si el Gobierno cedió en la inversión y en medidas estructurales, ¿por qué los abucheos ahogaron a los aplausos cuando los líderes sindicales leyeron el acuerdo? La respuesta está en la letra pequeña y en la principal demanda no satisfecha.

• El calendario: La mayoría de las mejoras clave se implementarán de forma escalonada hasta 2028. La bajada de ratios no se completará hasta el curso 2027-2028 y la subida salarial se hará en tres tramos, culminando en septiembre de 2027. Esto genera una enorme desconfianza y la sensación de que es una "victoria aplazada".
• El salario: Es el corazón del descontento. La subida final de 140 euros brutos mensuales (más 70 adicionales para los de menos de 6 años de antigüedad) se percibe como "una miseria" frente a la brecha de casi 300 euros con Cantabria. La Plataforma de Docentes lo califica de "humillación" y considera que los sindicatos han renunciado a la principal reivindicación a cambio de otras mejoras. El grito de "¡Manos arriba, esto es un atraco!" resume este sentimiento de agravio.

El resultado es un acuerdo que, si bien supone un avance inédito en la inversión para la escuela pública asturiana, nace con una profunda fractura social. El Gobierno ha logrado la paz, pero a costa de un desembolso histórico y de dejar una herida abierta con la base docente, que se siente ignorada en su principal reclamación. Los sindicatos, por su parte, defienden un pacto "agridulce" que mejora el sistema en su conjunto, pero han pagado el peaje de una visible desconexión con muchos de los profesores a los que representan. La huelga ha terminado, pero el conflicto de fondo sigue latente.