La Plataforma por el Derecho a la Vivienda alerta sobre irregularidades en el Programa de Alquiler Social y exige soluciones urgentes al Gobierno de Asturias y a los ayuntamientos.
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda en Asturias (PDVA) ha denunciado una gestión caótica y preocupante del Programa de Alquiler Social con Acompañamiento de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), una entidad de capital mayoritariamente público. Según la plataforma, las familias afectadas están enfrentando incertidumbre, informaciones contradictorias y amenazas de desahucio, a pesar de que muchas cumplen con los requisitos para acceder a este tipo de alquiler.
Un programa con luces y sombras
El programa, diseñado para ofrecer alquileres sociales a personas en situación de vulnerabilidad económica, contempla contratos de siete años con rentas máximas equivalentes al 30% de los ingresos familiares, además de un acompañamiento sociolaboral. Según la SAREB, ya se han firmado más de 8.000 contratos en España, pero la realidad en Asturias parece ser muy diferente.
Familias afectadas han informado de prácticas cuestionables, como la visita de mediadores sociales que se limitan a recabar firmas para la valoración de su vulnerabilidad por parte de los servicios sociales municipales, advirtiéndoles que, de no firmar, se iniciarán procesos judiciales para el desahucio. Sin embargo, no hay evidencia de que dichas valoraciones se estén llevando a cabo, dejando a las familias en un limbo legal y social.
Falta de claridad y desigualdades
La PDVA señala que el proceso está plagado de inconsistencias:
- Falta de criterios claros: No se detalla cómo se evalúa la vulnerabilidad económica ni si se consideran factores como el tamaño del hogar, discapacidad o la presencia de menores.
- Tratamientos desiguales: En algunos edificios, hay inquilinos con alquiler social mientras que otros, en condiciones similares, no han recibido respuesta.
- Uso opaco de datos personales: Las familias desconocen el destino de la información recabada y se enfrentan a la falta de seguimiento por parte de la SAREB.
Además, algunas familias han sido notificadas de que no cumplen los criterios de vulnerabilidad antes de ser valoradas por los servicios sociales, generando más confusión y temor a perder sus hogares.
Un modelo insostenible para familias vulnerables
La PDVA denuncia que el programa, en su estado actual, pone en riesgo a familias que ya enfrentan dificultades en un mercado de alquiler con precios disparados. Esta situación contradice el mandato de la SAREB, que, desde 2022, bajo control público, está obligada a garantizar una gestión transparente y socialmente responsable de los inmuebles que administra.
Una llamada a la acción
Ante esta crisis, la PDVA ha solicitado:
- A la SAREB: Reconducir el programa, establecer criterios claros y garantizar soluciones habitacionales justas para todas las familias afectadas.
- Al Gobierno de Asturias y a los ayuntamientos: Supervisar el cumplimiento del mandato de favorecer el acceso a la vivienda, asegurando que las políticas públicas protejan a los ciudadanos más vulnerables.
- A las familias afectadas: Unirse y defender colectivamente sus derechos contactando con la plataforma a través de pdvasturias@gmail.com.
Un problema de alcance nacional
La SAREB gestiona 14.000 viviendas en régimen de alquiler en España, muchas de ellas ocupadas por familias que cumplen con sus obligaciones de pago. Sin embargo, el modelo actual podría derivar en más desahucios si no se toman medidas correctivas. La PDVA, integrada por diversas organizaciones sociales y profesionales de Asturias, reafirma su compromiso de trabajar por un sistema de vivienda más justo y sostenible, que priorice el bienestar de las personas por encima de los intereses económicos.
