España es casi la única excepción, dentro de la UE, en cuanto a elección directa de alcaldes. Nosotros llevamos casi cuarenta años eligiendo concejales que a su vez votan por el regidor municipal. Claro que tampoco elegimos directamente al presidente de la correspondiente autonomía y mucho menos al que nos gustaría tener como presidente del Gobierno. Los partidos proceden a su antojo y secuestran la voluntad de los ciudadanos con las listas cerradas.
Nuestro sistema político optó por la elección indirecta de los cargos ejecutivos con un componente de proporcionalidad ,que ha venido funcionando con la bendición de los grandes partidos y la complicidad de los pequeños, quienes gracias a alianzas y pactos han saboreado las mieles del poder. En el caso municipal, el precio de los apoyos suelen ser variopintos, aunque sobresalen aquellos que hacen referencia a urbanismo y servicios. En menos de un año, los españoles vamos a ser llamados a las urnas, con un apretado calendario electoral. Complicado debe estar el horizonte cuando Rajoy ha sorprendido a todos, incluidos muchos barones, avisando de que se propone llevar al Congreso un importante paquete de reformas ,para acometer la regeneración democrática que garantice la estabilidad y no romper los pactos constitucionales que soportan el Estado social y de derecho.
El presidente del Gobierno ha anunciado la reforma de la ley de Bases de la Administración Local -que fue aprobado hace solamente seis meses-para establecer la elección directa de los alcaldes.
Descartando otras motivaciones ,parece evidente que subyace la preocupación de que en los próximos plebiscitos va a ser muy difícil alcanzar la mayoría absoluta en alcaldías clave para el PP, como Madrid y Valencia, perdiendo el poder si la izquierda pacta.
Actualmente el PP gobierna en 34 de las 50 capitales de provincia, como resultado de las elecciones del 2011 ,pero con el evidente fraccionamiento del sufragio que revelaron las elecciones del 25-M, es posible que el PP perdería la mayoría absoluta en gran número de plazas y tendría que someterse al enojoso sistema de los pactos para gobernar.
Curiosamente esa misma extrapolación señala que si la propuesta la adelanta el PP, no sólo no perdería las capitales actuales sino que incrementaría en cinco más que las perdería el PSOE.
Dejar las cosas como están es la peor solución para Rajoy, que sabe cómo la crisis del bipartidismo, con el crecimiento de formaciones como IU y Podemos, facilitan un múltiple desalojo de las alcaldías.
La situación política está más cambiante y dinámica que nunca y requiere una toma casi diaria de la tensión, para saber qué medidas regeneracionistas se pueden tomar.
Modificar la ley electoral en el ámbito municipal sería un acierto, pero manifiestamente insuficiente si se desea mejorar la calidad de nuestra democracia, que demanda acciones urgentes en la rendición de cuentas, en la credibilidad de la justicia, embridar a partidos y sindicatos, extender la administración profesional, listas abiertas y otras más que superan la simple espera municipal.
