Decía Vargas Llosa que “la corrupción es como un azogue y se infiltra en todas las instituciones.”

Nosotros venimos afirmando que “no hay políticos corruptos sin funcionarios permisivos.”

De la mezcla de ambas máximas surge un cóctel explosivo que viene sumiendo a nuestro país en los últimos años en una situación de crisis institucional y de valores de la que costará salir.

No hay informativo, programa de radio o televisión, o medio de comunicación escrita o digital, que no abra con noticias relacionadas con algún proceso penal en el que no esté implicado algún sujeto relacionado directa o indirectamente con la vida pública.

La verdad es que la situación de la Administración había llegado a límites insostenibles. Determinada clase política (no toda, afortunadamente), se había apoderado de los instrumentos de poder y los venía usando a su antojo en beneficio propio.

Hay CCAA especialmente sensibles a la falta de ética, quizá porque se ha instalado en ellas la cultura de la recomendación, del tráfico de influencias. Hacen buena aquella otra máxima “la corrupción acompaña al hombre como la sombra al cuerpo”.

Dos agentes han tenido una intervención decisiva a la hora de propiciar un cambio de rumbo.

De un lado, los jueces, que hasta hace unos años venían mirando para otro lado, temerosos de enfrentarse a los aparatos de los partidos por la influencia negativa que éstos podían ejercer sobre su carrera profesional, a los que no les ha quedado más remedio que intervenir, con mejor o peor fortuna.

En su debe, hay que situar su tendencia al relumbrón y a convertir los Juzgados en circos mediáticos, así como a eternizar los sumarios, haciendo buena aquella reflexión de Gumersindo de Azcárate de que “un pueblo puede vivir con leyes injustas, pero es imposible que viva con Tribunales que no administren bien y pronto la justicia”.

De otro, los medios de comunicación, cuyo papel deja mucho que desear.

 Lejos de limitarse a informar, desarrollan auténticos juicios paralelos que conforman una patología que ataca de forma indebida la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, estableciendo un estado de opinión sobre los hechos y su participación, creando una “verdad” artificial e interesada que no coincide para nada con la “verdad” judicial.

Ambos, sin embargo, y aún a costa de victimas inocentes, están provocando la catarsis que necesita nuestro país para salir de la profunda crisis de valores que no distingue cargos ni profesiones. Como decía Jacinto Benavente “El vicio es lo más democrático que existe, y cuanto más bajo, más igualitario; en su urdidumbre, van tejidos uniformes, togas, blusas, libreas y harapos.”

En tanto se restituyen los valores, España está sub iudice.