El paro es, en las últimas décadas el mal endémico de nuestra economía. Allá por el año 1970 era mínimo, alrededor del 2%, pero casi de repente se lanzó a una rápida evolución de subida, que entre 1976 y 1985 se situó en cifras similares a las actuales, llegando en 1990 a la cifra del 24%, descendiendo al 8% en 2007 para despegar con impulso incontenible hasta colocarse en el ya 23% de este 2012.

No hay forma de encontrar una mayoría de consenso en el diagnóstico de este mal. Pocos analistas se atreven a determinar una causa principal en el origen de estas bruscas elevaciones, más o menos vinculadas a los ciclos económicos del período.

Quienes de forma cartesiana juzgan el problema, se pronuncian por un conjunto de causas como determinantes de los desajustes del mercado laboral. De forma prioritaria se imputa a la rigidez de una normativa legal, en gran parte heredada del régimen dictatorial anterior, de marcado carácter proteccionista y que ha dado prevalencia al protagonismo de organizaciones sindicales y en menor medida a las grandes estructuras empresariales, pero obviando a los protagonistas más directos; los trabajadores de las muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas así como a sus respectivos patronos, forzosamente enganchados por ley a pactos y convenios negociados a sus espaldas y sin el ajuste adecuado a las múltiples circunstancias de cada caso. Tendrían esta consideración: la legislación proclive al control administrativo hasta la asfixia; la judicialización que obligó a crear tribunales específicos, dado el volumen de conflictos; la rigidez salarial, perjudicial para el trabajador en caso de beneficios y al contrario con cuentas negativas. Se podría añadir que el empeoramiento del paro está, en alguna forma, determinado por el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Dicho claramente, nuestro sistema productivo no ha podido absorber la    

masiva entrada, en los últimos años, de inmigrantes ni tampoco la importante incorporación laboral de las mujeres en una amplia escala de formación y de edades. El incremento de la población activa ha sido muy superior a la creación de puestos de trabajo en los diferentes sectores.

Tratar de corregir o atenuar  este mal, ha sido el propósito de los diferentes gobiernos de turno a través de reformas más o menos intensas, de la ley del Estatuto de los Trabajadores,

negociaciones de sindicatos y patronales, decretazos, etc., que se han sucedido en los últimos treinta años con escasos resultados para corregir el desempleo.

Las reformas, hasta ahora, han sido de guante blanco, manteniendo el escenario institucio-nal de prevalencia sindical y acomodo de las grandes empresas, que finalmente ocupan a menos del 20% de los trabajadores y que por sus dimensiones pueden aceptar grandes indemnizaciones, rigideces de plantillas, liberados sindicales, revisiones salariales al margen de resultados, etc.

La crisis ha desarmado la bolera. Las grandes corporaciones ya no pueden organizarse al margen de los mercados cambiantes y las pequeñas y medianas empresas así como los autónomos rechazan someterse a rigideces pactadas con otros. La demanda del momento es acabar con tanto intervencionismo, venga desde donde venga, sindical o de la administración.

El gobierno de Rajoy acaba de presentar una propuesta de reforma laboral, todavía no explicada suficientemente, pero hay que reconocer que está muy por encima de anteriores intentos. La duda es si será suficiente, sin que sirva de pista la intensidad del rechazo que suscite y si, finalmente, ayudará a reconducir unas cifras de paro que atentan directamente al bienestar del país y frontalmente a la población más joven.