El Juez Sorando cierra la instrucción del caso 'Marea' con 29 imputados

El Juez Sorando cierra la instrucción del caso Marea con 29 imputados

Por AsturiasDiario.-El juez Ángel Sorando emitió el lunes el auto de procesamiento del ‘caso Marea’, dando por cerrada la fase de instrucción de la causa. Tras casi tres años de diligencias e investigaciones, el próximo paso será poner fecha al juicio en el que tendrán que comparecer los principales encausados en la trama.  El juez no atribuye responsabilidades a la exconsejera Ana Migoya, quien expresó su satisfacción, aunque recordó el sufrimiento familiar durante estos meses pasados. En total, 29 imputados serán juzgados.

 

- Víctor Manuel Muñiz, ex propietario de Igrafo. “Constan claros indicios de que pagaba sobornos y a cambio estafaba a las administraciones”, concluye en su auto el juez.

- Antonio José Azorín, empleado de Nora, una empresa ‘filial’ de Igrafo. “Emitió varias facturas que no respondían a la realidad por trabajos que no se habían realizado”.

- Alfonso Carlos Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín. El juez también le atribuye que “pagaba sobornos y a cambios estafaba a las administraciones”.

- Roberto Calvo Blanco, de ASAC COMUNICACIONES.  “Si inicialmente se hizo pasar por una victima más de los turbios manejos de Marta Renedo, finalmente rectificó y reconoció que conocía lo que ésta hacía y colaboraba con ella”.

- Maximino Fernández, propietario de ASAC COMUNICACIONES. “Cobró irregularmente del Principado y luego pagó a Marta Renedo 248.000 euros”.

- Marta Renedo Avilés. Se le imputa “falsedades documentales y pagos irregulares y fraudes”. También suplantación de personas, falsificación de firmas, y cobro de sobornos.

- María Jesús Otero, ex números dos de la consejería de Educación. “La documentación intervenida demuestra los continuos cobros recibidos a lo largo de los años”, “parece ella la jefa y él (Víctor Muñiz) el subordinado”.

- José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación. “Constan claros indicios no solo de que conocía la existencia de las irregularidades, el reparto de contratos a Igrafo y APSA, el pago de facturas falsas, y los sobornos que se pagaban, sino que se hacía con su expreso consentimiento”.

 

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