Santander, .- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anticipado hoy en Santander que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que trabaja su departamento acabará con la “ficción jurídica” que supone la prolongación “indebida y muchas veces indefinida” de la declaración del secreto de sumario.

Así lo manifestó durante la inauguración del encuentro ‘La presunción de inocencia y los juicios paralelos’ que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), y en la que estuvo acompañado por el rector de la institución académica, Salvador Ordóñez; el presidente de la Fundación Fernando Pombo, Joaquín García-Romanillos, y por el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Emilio Lamo de Espinosa.

El ministro explicó que la comisión encargada de redactar esta nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establecerá que el secreto de sumario solo se podrá prorrogar durante el plazo “máximo” de un mes. Sin embargo, precisó que en aquellos casos en los que existan motivos “extraordinarios o excepcionales”, será una autoridad judicial externa a la instrucción del sumario quien tomará la decisión de ampliar ese plazo.

Con esta medida, el Ministerio pretende mantener el “reproche penal” sobre todos aquellos que, estando obligados a guardar secreto de sumario, lo revelan, incluidos quienes tienen “legítimo derecho” a conocer el sumario por su personación en la causa.

En el caso de los medios de comunicación que difunden información sujeta a secreto de sumario, Gallardón aseguró que la nueva Ley “no tiene intención” de penalizar su actuación, ya que, en su opinión, “el reproche debe centrarse en los que violan esta obligación y no en quienes la publican”.

No obstante, confió en la obligación “ética y moral” de los medios de comunicación “responsables” para no utilizar una información confidencial que puede “quebrar” el derecho fundamental a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. “Creo que en una sociedad madura no es solamente la norma penal la que debe dictar nuestras conductas”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Fernando Pombo añadió que “una justicia sin publicidad no es tal” y, aunque reconoció que los periodistas muchas veces han jugado un papel “importante” en la denuncia de conductas irregulares, recordó que “los únicos que pueden juzgar son los jueces”.

Lamo de Espinosa comenzó su intervención evocando la memoria del jurista, abogado y defensor de los derechos humanos Fernando Pombo, y aseguró que una sociedad que no defiende la presunción de inocencia “es una sociedad sin libertades”.

En la inauguración de este encuentro estuvieron presentes, entre otros, la vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, y la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz.

Lucha antiterrorista

Por otra parte, en relación a las detenciones de esta madrugada de dos presuntos miembros de ETA en Francia, el responsable de la cartera de Justicia agradeció al Gobierno francés la “extraordinaria colaboración” que desde hace “muchos años y de forma permanente” mantiene en la lucha antiterrorista.

En la misma línea, el ministro señaló que los españoles deben de estar “absolutamente convencidos” del “funcionamiento y eficacia” de su Estado de derecho. Según recordó, esto significa que todas aquellas conductas que hayan supuesto una violación del mismo, la privación de una vida o de un derecho fundamental, “tienen que ser sometidas ante jueces y tribunales”.

Sobre la reducción de escoltas, Gallardón aseguró que el Ministerio del Interior ha realizado un estudio “pormenorizado, concreto e individualizado” sobre qué personas necesitan protección judicial y, por lo tanto, su ministerio confía “plenamente” en los criterios que se han establecido a la hora de decidir quiénes necesitan protección policial.

Por último, a preguntas de los periodistas sobre la ilegalización de Bildu, el ministro comentó que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional establece “claramente” unos límites que ninguna asociación ni formación política puede vulnerar.