El Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Langreo, a través de su Portavoz, Jesús Sánchez Antuña, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, presenta a discusión y posterior aprobación si procede, la siguiente MOCION:

INTRODUCCION

El jueves 31 de mayo, miles de ciudadanos y ciudadanas, viajamos a Madrid para ejercer el derecho constitucional de manifestación. El motivo: el recorte, efectuado por el Gobierno del Partido Popular a las partidas dirigidas a apoyar la minería y los programas de reactivación de las Comarcas Mineras pactados con las organizaciones sindicales.

La marcha, de menos de 500 metros desde el aparcamiento del Santiago Bernabeu hasta el Ministerio de Industria, transcurrió sin incidentes y con una fuerte vigilancia policial. Era notoria la presencia de decenas policías infiltrados entre los manifestantes, que provocó algunos incidentes menores.

Una vez más, se incumple las previsiones de nuestro Ordenamiento Jurídico que obligan a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a mostrar su identificación, lo que dificulta o impide emprender acciones legales o disciplinarias en los casos de incumplimiento de la Ley.

Terminadas las intervenciones sindicales, las personas concentradas empezaron a dirigirse hacia los autocares para regresar a sus Comunidades Autónomas. En ese momento los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comenzaron a intervenir provocando cargas y carreras, con el resultado de varios heridos (entre ellos un periodista) y detenidos.

Uno de ellos, el minero asturiano José Emilio Fernández, trabajador de Hunosa, fue acusado de varios delitos, entre ellos de terrorismo, por haber roto la nariz a un inspector de policía. Pasó la noche del jueves detenido y fue puesto en libertad con cargos el día siguiente al no atender el juez la petición del fiscal de prisión.

En la mañana del sábado 2 de junio, se difunde un video del periodista Marcos Martínez, a través de las redes sociales, en el que se observa con claridad el momento de la detención del trabajador, y se ve que en ningún momento hay violencia, resistencia o intento de huir. Bien al contrario, está hablando y llegan unos diez policías a detenerlo sin hacer caso a las peticiones de explicación por su actuación, realizadas por varios ciudadanos presentes.

El video pone de manifiesto lo que podría ser una práctica intolerable en un Estado democrático y de Derecho, las detenciones arbitrarias.

Por tanto ante estas actuaciones que constituyen una vulneración de derechos básicos solicitamos:

1. La dimisión o, de no concretarse, el cese inmediato de la Delegada del Gobierno de Madrid Doña Cristina Cifuentes.

2. La apertura de expedientes informativos a los responsables policiales y a los agentes que realiza la detención ilegal y abusiva, así como la adopción de las medidas disciplinarias y sanciones que correspondan.

3. La exigencia al ministro de Interior para que adopte, con carácter de urgencia, las medidas necesarias para garantizar el inmediato cumplimento de la obligación de identificación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.