España encara un nuevo eje de tensión económica: mientras el Gobierno acaba de cerrar con UGT y CSIF una subida acumulada del 11% para los empleados públicos hasta 2028, el sector privado avanza con incrementos moderados del 3% anual, cuando puede, y condicionado por la inflación y la negociación de cada convenio. Una brecha que crece y que anticipa un debate social muy serio: ¿quién está sosteniendo realmente el poder adquisitivo del país?
El acuerdo salarial alcanzado en Función Pública —que se firmará este jueves— abarca a más de 3,5 millones de trabajadores públicos y supone uno de los mayores compromisos económicos del Estado en una década. Tras semanas de negociaciones tensas, con Hacienda presionando por contención y los sindicatos exigiendo no perder ni un céntimo frente a la inflación, el Gobierno ha encontrado su fórmula: un calendario escalonado, una subida concentrada en 2027 y una “súper paga” de diciembre que nadie se esperaba hace unos meses.
CCOO, que mantiene fuertes discrepancias internas sobre el reparto, se abstuvo y estudia aún si sumarse. Pero el Ejecutivo presume de haber logrado “un acuerdo sólido que garantiza el poder adquisitivo del personal público”. Y no solo eso: abre la puerta a eliminar la tasa de reposición, mejorar permisos, revisar dietas, reforzar el mutualismo y desbloquear jubilaciones.
Impacto económico, impacto político y un sector privado que mira de reojo. Tres capas que hacen de este acuerdo mucho más que una simple actualización de nóminas.
Un pacto millonario: así subirán las nóminas públicas hasta 2028
El corazón del acuerdo está en un reparto que da aire a los bolsillos y respiro al Gobierno:
2025: +2,5% y una “súper paga” en diciembre
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Subida del 2,5% con efectos desde el 1 de enero.
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Se pagará de golpe en diciembre, una maniobra que convierte la nómina navideña en la más jugosa del año.
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Se abonarán también los atrasos acumulados de 2025 para los empleados estatales.
2026: 1,5% fijo + 0,5% si el IPC ≥ 1,5%
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Subida asegurada del 1,5%.
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Si la inflación del año es igual o superior al 1,5%, se suma un 0,5% extra, que se pagará en el primer trimestre de 2027.
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Si no se cumple, ese 0,5% se “muda” a 2027.
2027: el gran año —4,5% o incluso 5%
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Si en 2026 se abonó el medio punto variable: subida del 4,5%.
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Si no se abonó: subida del 5%.
2027 es el verdadero músculo económico del acuerdo… y políticamente, cae justo después de las elecciones generales previstas para ese año.
2028: +2%
Cierre suave, pero que asegura completar el 11-11,4% acumulado calculado por los sindicatos.
Más allá del salario: cambios profundos en la Función Pública
El acuerdo incluye un paquete de mejoras que van mucho más allá de la nómina:
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Eliminación de la tasa de reposición, un bloqueo histórico.
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Mejoras en permisos, conciliación y acción social.
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Revisión al alza de dietas e indemnizaciones por servicio.
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Refuerzo del mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS, MUGEJU).
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Revisión de las jubilaciones y posibilidad de prolongar la vida laboral.
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Agilización de convocatorias y procesos selectivos.
Es decir, el acuerdo no solo sube sueldos: reordena la arquitectura laboral del empleo público.
Y mientras tanto… ¿qué pasa en el sector privado?
Aquí viene la parte delicada. Porque las cifras no mienten: la brecha público-privada se agranda.
La referencia general: AENC 2023-2025
El sector privado no tiene un calendario asegurado como el sector público. Todo depende de convenios. Pero sí existe una guía negociada por patronal y sindicatos:
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2023: +4%, con posible 1% extra según inflación.
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2024: +3%, también con un 1% variable.
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2025: +3%, nuevamente con un posible +1%.
Nada garantizado: son recomendaciones, no obligaciones.
Lo que realmente está ocurriendo en las empresas
Los convenios firmados en 2025 están dejando subidas medias entre 3% y 3,5%, y en muchos sectores incluso por debajo del IPC.
Solo algunos acuerdos importantes se escapan:
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Construcción: +4% en 2025 (3,5% en nómina + 0,5% a pensiones).
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Sectores industriales y de servicios: la mayoría entre 3% y 3,25%.
Nada comparable a un 11% blindado a cuatro años.
Lo que se negocia para 2026-2028
Sindicatos y patronal aún no han cerrado un nuevo AENC. CCOO y UGT exigen mantener subidas del 3% anual y cláusulas de revisión obligatorias.
Pero las patronales se resisten: temen dañar márgenes, inversión y competitividad.
Dicho claro:
El sector privado no tiene garantizado nada más allá de 2025.
El sector público sí.
La batalla económica de fondo: inflación, desigualdad y estrategia política
El Banco de España estima una inflación del 2-2,5% anual en los próximos años.
Esto significa que, de cumplirse el acuerdo del Gobierno, los funcionarios ganarán poder adquisitivo neto.
Mientras tanto, el sector privado solo lo hará si cada convenio pelea lo suficiente.
La otra lectura es política:
El Gobierno construye un acuerdo que refuerza a uno de los colectivos más amplios y movilizados del país, a la vez que limita el impacto inmediato en 2025 y concentra la mayor subida tras las elecciones de 2027.
No todos lo dirán en voz alta. Pero está ahí.
Un acuerdo que marca el ritmo… y la diferencia
Con este pacto, el Gobierno asegura estabilidad salarial a millones de empleados públicos durante cuatro años.
El sector privado, en cambio, seguirá navegando negociación a negociación, empresa a empresa.
En un país donde casi la mitad del empleo depende, directa o indirectamente, de lo público, esta decisión marca tendencia, influye, arrastra y crea contraste.
Y, sobre todo, deja una pregunta sobre la mesa que no se va a ir:
¿Puede el sector privado seguir el ritmo del sector público… o estamos entrando en una brecha salarial estructural?
