El Principado destinó casi 14 millones del Fondo de Compensación Interterritorial a 27 proyectos, tres cuartas partes en obra viaria. Solo 91 de las 132 entidades locales cumplieron en plazo la obligación de remitir sus contratos de 2023. El órgano fiscalizador reitera recomendaciones que la administración regional no comparte.
Asturias vuelve a someterse al examen de la Sindicatura de Cuentas, y el resultado, aunque técnicamente correcto, revela dos fotografías claras del funcionamiento de la gestión pública asturiana:
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Una administración autonómica que concentra los fondos estatales en carreteras, y
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Un sector público local con importantes incumplimientos y un uso excesivo del contrato menor.
Los dos informes aprobados este 26 de noviembre analizan el uso de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) en 2024 y la contratación del sector público local en 2023. Los datos no pasan desapercibidos.
1. El 77,7% de los fondos estatales en Asturias se destinó a carreteras
El Estado asignó a Asturias 13,98 millones de euros en 2024, la misma cantidad que el año anterior. Según la Sindicatura, esta cifra forma parte de una dotación estatal congelada en 432,43 millones desde hace una década, lo que cuestiona si los FCI siguen cumpliendo su función de “corregir desequilibrios interterritoriales”.
En Asturias, 27 proyectos fueron financiados con estos fondos. La distribución fue especialmente desequilibrada:
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77,7% para actuaciones en carreteras.
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22,3% para proyectos de desarrollo local.
Entre las obras destacan:
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La carretera Moreda–Boo–Bustillé.
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El desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel de la Barreda.
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La renovación del sistema de abastecimiento en el Picu–Llanera.
La Sindicatura considera que la gestión es legal y correctamente contabilizada, y emite una opinión favorable.
Sin embargo, vuelve a plantear tres recomendaciones que formula desde hace cuatro ejercicios, de las cuales:
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El Principado solo acepta una, y todavía no la ha aplicado.
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Rechaza dos: justificar el criterio de selección de proyectos e integrarlo en una planificación previa con indicadores de impacto y sostenibilidad.
2. La contratación local de 2023: el 31% de las entidades no cumplió los plazos
El informe sobre contratación local muestra un panorama desigual. De las 132 entidades obligadas a remitir sus relaciones anuales de contratos:
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Solo 91 lo hicieron dentro del plazo legal (antes del 29 de febrero de 2024).
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A 15 de octubre, el número aumentó a 118, pero quedaron 14 entidades sin enviar absolutamente nada.
En total, el sector público local comunicó 36.121 contratos, por un importe conjunto de 293 millones de euros.
El contrato menor, la gran asignatura pendiente
La Sindicatura detecta un patrón reiterado: contratos menores sucesivos para prestaciones que deberían haberse licitado como un contrato ordinario, posiblemente dividido en lotes para cumplir la ley de contratos del sector público.
Además, alerta de la debilidad del control interno en algunos ayuntamientos. En el caso específico de Castrillón, recomienda que los responsables del contrato documenten por escrito las órdenes e instrucciones dirigidas al contratista.
El informe recoge alegaciones de varios ayuntamientos —Gijón, Llanera, Muros del Nalón, Ribera de Arriba, Salas y Siero— que defienden su actuación o justifican retrasos administrativos.
Una gestión pública a dos velocidades
El contraste entre ambos informes evidencia dos realidades:
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La administración autonómica ejecuta correctamente los fondos, pero carece de una estrategia global para priorizar proyectos en función de criterios objetivos.
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Las entidades locales presentan carencias estructurales: retrasos, exceso de contratos menores, dificultades de control y una enorme heterogeneidad entre concejos.
En conjunto, los documentos reflejan un Principado que cumple, pero que aún no ha dado el salto hacia una gestión plenamente planificada, transparente y eficiente.
Un aviso claro para las administraciones asturianas
La Sindicatura recuerda que sus recomendaciones son recurrentes y que su grado de aplicación sigue siendo bajo.
Insiste en la necesidad de:
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Mejorar la planificación de inversiones autonómicas.
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Limitar el uso impropio del contrato menor.
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Reforzar el control interno en los ayuntamientos.
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Garantizar que todas las entidades locales cumplan con sus obligaciones de remisión de información.
Los informes dejan sobre la mesa una pregunta directa para la administración pública asturiana:
¿Se está gestionando cada euro con la máxima eficiencia para el ciudadano?
La Sindicatura ya ha respondido: queda margen para mejorar.
