El Gobierno de Asturias vuelve a pisar el acelerador en su batalla histórica contra el peaje del Huerna. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el inicio de una acción formal de nulidad contra la Administración General del Estado para intentar derribar la prórroga que extendió el canon de la autopista AP-66 hasta 2050.

Se trata de un paso clave, un movimiento que forma parte de la hoja de ruta pactada con la Alianza por las Infraestructuras, y que pretende acabar con una carga económica que los asturianos llevan soportando más de dos décadas.

El Ejecutivo ha designado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como representante autorizado para defender esta iniciativa en nombre del Principado.

Una prórroga bajo sospecha: informes y dictámenes apuntan a ilegalidades graves

La acción de nulidad no surge de la nada: está respaldada por un arsenal jurídico robusto, construido por la Secretaría General Técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado. Todo este andamiaje ha sido ratificado por el Consejo Consultivo, que avala punto por punto las tesis del Gobierno autonómico.

Según estos análisis, la prórroga aprobada en el año 2000 por un Gobierno del Partido Popular –mediante el Real Decreto 382/2000– habría incurrido en múltiples irregularidades de enorme calado:

• Alteración sustancial del equilibrio económico y del contrato original de 1975.

• Creación encubierta de una nueva concesión, que debió ser sometida a licitación pública.

• Vulneración de la normativa europea de contratación (incluida la Directiva 93/37/CEE).

• Supresión total del procedimiento legal exigido para una prórroga de este alcance.

• Beneficios económicos injustificados para el concesionario.

• Perjuicio continuado al interés general de Asturias.

El Consultivo concluye que existen vicios de nulidad de pleno derecho y que la vía correcta para restablecer la legalidad es, precisamente, la revisión de oficio o la acción directa de nulidad ahora emprendida.

Europa también lo ve claro: Bruselas ya dijo que la prórroga fue contraria al Derecho de la UE

El movimiento del Principado llega reforzado por un documento clave: la reciente resolución de la Comisión Europea, fechada el 17 de julio de 2025.

En ella, Bruselas determinó que las prórrogas tanto del Huerna como de la AP-9 gallega violaron la normativa europea, al haberse aprobado:

• Sin licitación pública,

• sin publicidad,

• vulnerando los principios de igualdad y transparencia,

• abusando de la excepción “in house”,

• y con una finalidad discutible: revalorizar la empresa pública Enausa de cara a su privatización.

El Principado sostiene que su actuación “está perfectamente alineada” con estas conclusiones de la Comisión.

Asturias remite todo el expediente a Bruselas y agradece aportaciones externas

El Gobierno autonómico ha enviado a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) la documentación completa que respalda esta ofensiva jurídica: análisis económicos, estudios históricos, informes técnicos y el dictamen íntegro del Consejo Consultivo.

Además, ha incorporado un estudio jurídico impulsado por la diputada Covadonga Tomé, cuya aportación ha sido reconocida públicamente por el Ejecutivo.

Un paso decisivo hacia el fin de un peaje que frena a Asturias

La acción de nulidad supone un instrumento esencial para avanzar hacia la eliminación del canon de la AP-66, una carga que ha impactado en la competitividad de la región, su tejido productivo y miles de usuarios durante más de veinte años.

El Principado afirma que mantendrá esta ofensiva con unidad política, rigor jurídico y determinación institucional, y que continuará trabajando con Madrid y Bruselas para corregir “una situación injusta y perjudicial para Asturias”.