La mañana amaneció con un temblor político y jurídico de primera magnitud: Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia como Fiscal General del Estado, apenas unos días después de que el Tribunal Supremo lo condenara por un delito de revelación de secretos. Su dimisión, inmediata y remitida antes incluso de que la sentencia fuera formalmente notificada, abre un escenario inédito en la historia reciente de la Fiscalía española.

La carta, dirigida al Ministerio de Justicia a primera hora, es escueta pero contundente. García Ortiz asegura que abandona el cargo “por respeto a la institución y a la Justicia”, y que su intención es evitar “cualquier sombra que pueda dañar la credibilidad del Ministerio Fiscal”. Una declaración de intenciones que, sin embargo, llega tras un golpe judicial que lo deja políticamente sin margen de maniobra.

Una condena que lo hace insostenible

El Tribunal Supremo lo sentenció a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, además de una multa económica y una indemnización por daños morales al empresario Alberto González Amador. El origen del caso se remonta a la filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que supuestamente se recogía una admisión de fraude fiscal.

El Supremo, por mayoría clara, concluyó que García Ortiz vulneró el deber de reserva al autorizar o facilitar la difusión de ese documento. La resolución, cuyo voto particular aún no se conoce en detalle, es demoledora: sostiene que el máximo responsable del Ministerio Fiscal participó en una actuación “incompatible con las exigencias de su cargo”.

La pregunta que llevaba semanas corriendo por los pasillos —¿puede seguir un Fiscal General condenado?— ha obtenido hoy una respuesta tajante.

El retrato de un mandato marcado por la polémica

Nacido en Salamanca en 1967 y con una larga trayectoria en la carrera fiscal, especialmente en Galicia, García Ortiz llegó al cargo en 2022 con el respaldo del Gobierno y el aval del Consejo General del Poder Judicial. Su perfil era el de un fiscal técnico, reservado, discreto… pero el caso que hoy lo tumba ha devorado por completo cualquier expectativa de continuidad.

Él mismo, hace apenas unos meses, rechazaba dimitir. Decía, con firmeza, que no había cometido ninguna irregularidad. Pero la sentencia del Supremo le dejó sin la más mínima capacidad de resistencia.

Su renuncia no es solo la caída de un fiscal. Es la caída del primero en democracia condenado penalmente por un delito cometido en el ejercicio de su responsabilidad.

Efecto dominó en la Fiscalía y en la política nacional

La dimisión tiene un impacto inmediato dentro de la Fiscalía. La institución, ya castigada en los últimos años por tensiones internas y nombramientos polémicos, deberá recomponerse con rapidez para evitar caer en una espiral de descrédito. Las asociaciones de fiscales hablan abiertamente de “un daño profundo que tardará en repararse”.

Pero el terremoto también golpea al Gobierno. Es el cuarto Fiscal General que cae desde 2018, y el asunto llega en un momento políticamente delicado, con las relaciones entre Poder Judicial y Ejecutivo bajo escrutinio permanente. La oposición ha aprovechado la ocasión para arremeter con dureza, denunciando que el nombramiento de García Ortiz fue “político” y exigiendo garantías de que el próximo titular no será “un perfil de partido”.

El Ejecutivo, por su parte, se ha limitado a señalar respeto por la decisión judicial y a subrayar que el país necesita “estabilidad institucional cuanto antes”.

¿Qué ocurre ahora?

El Consejo de Ministros deberá aprobar el cese y arrancar el proceso de nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado. Una decisión delicada, estratégica y que determinará buena parte de la relación entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal en los próximos años.

Queda también pendiente el futuro profesional de García Ortiz. La condena lo aparta del cargo, pero no excluye completamente su continuidad en la carrera fiscal, aunque su retorno a un puesto operativo se antoja improbable a medio plazo.

Al mismo tiempo, pueden llegar recursos ante el Tribunal Constitucional. Si el Constitucional decidiese corregir algún aspecto de la sentencia, el país se adentraría en un terreno institucional aún más complejo.

Un final que deja interrogantes y cicatrices

El caso García Ortiz no se cierra con esta renuncia. Deja preguntas incómodas:

• ¿Cómo pudo gestarse una filtración tan sensible en el corazón del Ministerio Fiscal?

• ¿Qué impacto tendrá este episodio en la percepción de independencia de la Fiscalía?

• ¿Qué garantías tiene la ciudadanía cuando el máximo fiscal de España es condenado por revelar secretos?

Lo que sí está claro es que la dimisión de hoy marca un antes y un después en la Fiscalía española. Una sacudida que va mucho más allá de un nombre y un cargo: afecta al pilar mismo de la confianza en el Estado.

Y, por desgracia, esa confianza tardará más que un BOE en recomponerse.