Durante más de diez años, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Santos Cerdán —ex número tres del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez— habría llevado una existencia partida en dos:
de puertas afuera, dirigente de máxima confianza, negociador de pactos, cerebro de la moción de censura de 2018 y de los acuerdos con los nacionalistas;
por debajo del radar, presunto intermediario de un entramado que habría cobrado comisiones del 2 % en grandes obras públicas a través de una pequeña empresa navarra: Servinabar 2000 S. L.
La UCO ha plasmado esa sospecha en un informe de 227 páginas que ha motivado registros, ha colocado a Acciona bajo escrutinio y ha abierto una crisis política y reputacional de primer orden en el PSOE.
¿Quién es Santos Cerdán y por qué este caso es tan sensible?
Santos Cerdán no es un militante más. Fue secretario de Organización del PSOE, puesto clave en la estructura interna del partido, responsable de las negociaciones para investir presidentes, artífice de pactos parlamentarios y figura imprescindible para Pedro Sánchez en su etapa más compleja.
Durante años se proyectó la imagen de un dirigente discreto, austero, de vida “sencilla”. Esa imagen se ha hecho añicos: la UCO sostiene que, en paralelo, Cerdán habría financiado gastos personales y familiares a través de una empresa pantalla, alimentada por contratos públicos en los que él mismo habría tenido influencia directa o indirecta.
Servinabar 2000: la empresa que recibía el 2 % de las adjudicaciones
El epicentro del caso es Servinabar 2000 S. L., sociedad navarra dirigida formalmente por el empresario Antxón Alonso, amigo personal de Cerdán.
Según la investigación:
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Servinabar firmó en 2015 un acuerdo con Acciona por el que recibía el 2 % del importe neto de determinadas adjudicaciones de obra pública.
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Entre 2016 y 2024, la empresa ingresó más de 6,7 millones de euros, de los que al menos tres cuartas partes procedían directamente de proyectos de Acciona.
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La empresa no tenía estructura, ni personal, ni medios que justificasen ese flujo masivo de dinero.
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La UCO concluye que funcionaba como vehículo para canalizar comisiones, no como proveedor real de servicios técnicos.
Ese 2 % aparece una y otra vez en cada obra bajo investigación.
Más de 300 millones en obras públicas bajo el foco
El informe identifica al menos cinco grandes contratos, con un volumen conjunto que supera los 300 millones de euros, en los que aparece el mismo patrón:
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Un contrato de carreteras en Logroño.
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La construcción del nuevo puente de Sevilla, donde el cuñado de Cerdán figura como peón en un proyecto del que Servinabar cobró alrededor de 1,8 millones.
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Obras en Sant Feliu de Llobregat, cerca de Barcelona.
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La mejora y seguridad del túnel de Belate, en Navarra.
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El proyecto minero de Mina Muga, entre Navarra y Aragón.
Además, la UCO destaca la presencia de Cerdán en dos proyectos internacionales:
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El puerto marroquí de Kenitra, donde el político viajó en un desplazamiento oficial pese a no tener cargo gubernamental. Días antes del viaje, Acciona y Servinabar firmaron un memorando clave.
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Un proyecto en Gabón, seguido de cerca por el mismo círculo, con Acciona implicada en una operación valorada en más de 20 millones de euros.
Para los investigadores, la secuencia es repetitiva y concluyente:
obra pública relevante → papel de Acciona → contrato complementario de Servinabar → comisión del 2 %.
El vínculo directo con la empresa: del 45 % del capital a la tarjeta de gastos
Uno de los hallazgos más explosivos es una escritura de 2016 en la que un empresario cede a Cerdán 1.350 participaciones de Servinabar, equivalentes al 45 % de la sociedad.
Aunque Cerdán lo niega públicamente, el documento forma parte del sumario.
Además, la UCO ha acreditado:
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Una tarjeta bancaria de Servinabar usada por Cerdán para gastos personales, viajes, comidas y compras que suman unos 33.000 euros.
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El pago de alquileres y mobiliario de viviendas en Madrid por parte de la empresa, por importe superior a 62.000 euros.
En total, el valor de los gastos personales del dirigente socialista sufragados por la estructura investigada superaría los 100.000 euros.
La familia: sueldos, cooperativas y pagos sin justificación laboral
El informe señala al “entorno familiar” como beneficiario directo del circuito económico generado por las adjudicaciones amañadas.
Los datos concretos son:
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Su esposa, Francisca Muñoz, recibió 9.500 euros de una cooperativa vinculada al núcleo empresarial de Servinabar. No consta actividad laboral real que lo justifique.
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Su hermana, Belén Cerdán, cobró 22.234 euros en sueldos procedentes de otra cooperativa creada dentro del mismo círculo.
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Su cuñado, Antonio Muñoz Cano, fue contratado como peón por Servinabar y recibió 53.130 euros en tres años. También aparece relacionado con una obra de más de 1,8 millones.
La UCO describe un circuito económico cerrado:
el dinero de las adjudicaciones pasa a Servinabar; de Servinabar a cooperativas satélite; y de ahí a familiares del político.
El capítulo PNV: nombres para cargos estratégicos
Otro elemento sensible del caso es la relación de Cerdán con el PNV tras la moción de censura de 2018.
El informe incorpora una nota interna en la que aparecen tres nombramientos de altos cargos que Cerdán habría trasladado al Ministerio de Transportes “a petición del PNV”. Entre esos puestos se incluyen responsabilidades en Medio Ambiente, ADIF y SEPI.
Según la UCO, estos cargos se situaban en áreas decisivas para adjudicaciones públicas.
El PNV rechaza absolutamente haber solicitado esos puestos, pero la inclusión de los nombres en la documentación incautada coloca al partido en una posición políticamente incómoda.
¿Cómo puede sostenerse una doble vida así durante diez años?
El caso apunta a varios fallos estructurales del sistema político y administrativo:
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Ausencia de controles internos reales en los partidos
No existe una auditoría patrimonial rigurosa para cargos orgánicos. La vida “austera” de Cerdán fue compatible con gastos sufragados desde Servinabar sin despertar alarmas. -
Complejidad de las adjudicaciones
Entre UTE, subcontratas y contratos complementarios, un 2 % “técnico” puede disfrazarse con facilidad. -
Descoordinación entre órganos de control
Los interventores examinan la legalidad formal del procedimiento, pero no el entramado personal que hay alrededor. -
Normalización de los intercambios de favores
La petición de un cargo se ve como rutina política, cuando puede sentar las bases para una red de adjudicaciones favorables.
La defensa de Cerdán y la situación judicial actual
Cerdán niega todo:
niega ser socio de Servinabar, niega haber recibido comisiones, niega que su familia cobrara sin trabajar.
Asegura que la escritura de 2016 “no es válida” y que su presencia en viajes internacionales fue “estrictamente política”.
Por ahora:
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El caso se instruye en el Tribunal Supremo.
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Han sido citados directivos de Acciona y miembros del círculo empresarial.
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La investigación sigue abierta y no hay condena firme.
La presunción de inocencia está vigente, pero el retrato que dibuja la UCO es el de una doble vida compleja, sostenida durante una década sin control efectivo.
Conclusión: un caso que trasciende a un solo hombre
Si la justicia confirma la tesis de la UCO, el caso Cerdán no será solo una trama de comisiones: será el ejemplo de cómo un dirigente de primer nivel puede tejer durante años un sistema de favores políticos, adjudicaciones públicas y beneficios personales sin que salten los mecanismos de alarma del Estado.
Será también la prueba de que, pese a las reformas y los discursos de regeneración, el modelo de adjudicación de grandes obras sigue siendo vulnerable a redes invisibles, donde la política abre puertas y las empresas pagan por mantenerlas abiertas.
Una década en la que, según la UCO, Santos Cerdán habría sido dos personas:
la que firmaba acuerdos en Ferraz…
y la que movía millones en silencio a través de un 2 % que, obra a obra, alimentó una vida paralela.
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