Asturias ha dado un paso político de calado. El Principado se ha sumado al frente autonómico progresista que quiere cambiar de una vez por todas el rumbo de la política europea de vivienda. La adhesión —confirmada ayer por la tarde por el Gobierno regional— sitúa a Asturias dentro de una alianza que ya integran Euskadi, Catalunya y, desde ayer mismo, también Navarra.

La noticia la anunció el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su intervención telemática en el I Congreso Internacional House Action: Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados, organizado por el Ejecutivo vasco.

Una postura común para presionar a Bruselas

El Principado se une así a la declaración conjunta “Por una política europea estructural de vivienda”, un documento que pide a las instituciones comunitarias un cambio profundo: que la vivienda asequible deje de ser un apéndice político y pase a ocupar un lugar prioritario en la arquitectura social de la Unión Europea.

Zapico defendió la adhesión como un movimiento “lógico y necesario” en un momento en el que la crisis de acceso a la vivienda “golpea con especial fuerza” a las grandes áreas urbanas.
Según el consejero, las cuatro comunidades comparten un principio irrenunciable: “La vivienda es un derecho, y Europa debe tratarla como tal”.

El gran bloqueo: las reglas fiscales europeas

Uno de los puntos más contundentes del documento reclama una arquitectura financiera nueva, estable y sin las restricciones actuales del déficit. Las autonomías firmantes subrayan que, con los límites vigentes, invertir en suelo, construir vivienda pública o rehabilitar parques envejecidos es prácticamente imposible a gran escala.

La declaración advierte además del riesgo de que sigan ampliándose las brechas sociales entre inquilinos y propietarios, y recuerda una realidad incómoda:

• España tiene solo un 3,4% de vivienda pública, muy lejos del 9% de media europea.

• Y la inversión estatal en vivienda es cuatro veces inferior a la del entorno comunitario.

Las medidas que reclaman a Bruselas

El documento —al que ya se ha sumado Asturias— recoge un paquete de propuestas que, de aprobarse, supondrían un giro histórico en la política habitacional europea:

• Fondo permanente europeo para vivienda asequible

Un instrumento estable para impulsar construcción y rehabilitación, lejos de convocatorias puntuales o fondos agotables.

• Financiación a muy largo plazo y bajo interés

Accesible a través del Banco Europeo de Inversiones, para que los gobiernos puedan promover vivienda pública sin asfixia presupuestaria.

• Considerar la vivienda como infraestructura social esencial

Y, por tanto, excluir sus inversiones de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

• Un marco flexible en urbanismo y suelo

Que tenga en cuenta las diferencias entre territorios y permita soluciones propias.

• Defensa de la función social de la vivienda

Con especial atención a frenar el uso especulativo del mercado residencial, incluyendo determinados modelos de vivienda turística.

• La juventud como eje central

Reconociendo que facilitar la emancipación es hoy un reto estructural en toda la UE.

Asturias quiere una Europa que permita construir vivienda… de verdad

Zapico insistió en que esta alianza autonómica busca algo muy concreto: que las políticas europeas de vivienda tengan continuidad, presupuesto y ambición real.
Para el Principado, un territorio que combina áreas urbanas tensionadas con amplias zonas en riesgo de despoblación, el debate europeo es clave:
si Bruselas mueve ficha, las comunidades podrán desplegar estrategias que hasta ahora chocaban con el muro de las reglas fiscales.