El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, advierte de que un incremento de ese calibre situaría el precio medio de una vivienda protegida en torno a los 270.000 euros, una cifra “inasumible” para miles de familias asturianas.

El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto freno a las aspiraciones del sector promotor de elevar en un 40% el módulo del precio máximo de la vivienda protegida, una medida que, según el Ejecutivo autonómico, rompería el principio de asequibilidad y desvirtuaría la función social de este tipo de vivienda.

El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha defendido este lunes “el equilibrio entre el acceso asequible y la viabilidad económica de las promociones protegidas”, subrayando que el objetivo del Principado es mantener el espíritu social de la vivienda pública, concebida por ley para ofrecer precios moderados y accesibles, no para alimentar la especulación inmobiliaria.

“La vivienda protegida no puede convertirse en una operación especulativa. Está pensada para garantizar precios justos, no para replicar los niveles del mercado libre”, afirmó Sánchez, contundente.

Una subida “inasumible” para la mayoría de familias

Actualmente, el precio máximo de la vivienda protegida en Asturias se sitúa en 2.124 euros por metro cuadrado. Si prosperara la propuesta de los promotores de elevarlo un 40%, el precio alcanzaría los 2.973 euros/m², lo que implicaría que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados con garaje y trastero costaría cerca de 270.000 euros.

“Con ese precio, el concepto mismo de vivienda protegida se vacía de sentido”, alertó Sánchez. “Una familia necesitaría más de 80.000 euros ahorrados solo para afrontar la entrada hipotecaria, lo que deja fuera automáticamente a miles de hogares jóvenes y trabajadores”.

El director general recordó que las entidades bancarias no financian más del 80% del valor del inmueble, por lo que cualquier subida de precios “expulsa del sistema a quienes más necesitan ayuda pública para acceder a un hogar digno”.

Un riesgo real: perder el sentido social

Sánchez puso como ejemplo el caso reciente del Residencial Miralta, una promoción de vivienda protegida en el barrio sevillano de Su Eminencia, cuyos precios, entre 215.000 y 265.000 euros, han provocado un debate nacional sobre el verdadero alcance del concepto de “vivienda protegida”.

“Si una persona puede pagar 250.000 euros por una vivienda, difícilmente necesita protección. Ese debate no puede llegar a Asturias”, advirtió.

El responsable autonómico señaló que el riesgo de perder el sentido social de la vivienda protegida es “una amenaza real en toda España si los módulos se desligan de los salarios medios y del coste de la vida”.

Negociación abierta en la concertación social

El Principado mantiene en marcha una mesa de negociación dentro del marco de la concertación social, junto a agentes sindicales y empresariales, para revisar los criterios de fijación del módulo de vivienda protegida.

“Estamos abordando este tema desde el diálogo, con todos los actores implicados. Pero no vamos a hacerlo a espaldas de las familias ni de la realidad económica del territorio”, recalcó Sánchez.

El Gobierno autonómico defiende un modelo equilibrado, en el que la viabilidad técnica y económica de las promociones no desplace la función pública y social que garantiza el artículo 47 de la Constitución Española, que establece el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a evitar la especulación.

Un compromiso firme con la vivienda asequible

Desde la Dirección General de Vivienda, se reafirma el compromiso del Principado con el desarrollo de vivienda verdaderamente asequible, tanto pública como concertada. El Ejecutivo seguirá impulsando políticas de acceso a la vivienda centradas en las personas y no en la rentabilidad del suelo, reforzando la colaboración entre administraciones, cooperativas y entidades sociales.

“Queremos construir hogares, no oportunidades de inversión. La vivienda protegida debe seguir siendo una herramienta para la igualdad, no un escaparate del mercado libre”, concluyó Sánchez.