Cuatro jóvenes portugueses se enfrentan a penas de hasta 22 años de cárcel por la supuesta agresión sexual a dos chicas gijonesas en un piso turístico del barrio de El Carmen en julio de 2021. La Fiscalía pide entre 2 y 10 años de prisión. Las víctimas aseguran que fueron forzadas; ellos insisten en que todo fue consentido.

El eco de las palabras de los acusados retumbó ayer en la sala de la Audiencia Provincial de Asturias, convertida en un escenario de versiones opuestas. “No hubo violación. Ellas quisieron estar con nosotros”. Así, sin temblores, cerraron su declaración los cuatro jóvenes portugueses juzgados por la presunta agresión sexual grupal cometida en Gijón en julio de 2021.
Las dos mujeres, vecinas de la ciudad, cuentan otra historia. Una historia de miedo, bloqueo y fuerza. Dos relatos incompatibles que han mantenido viva una causa durante más de cuatro años y que ahora, por fin, ha quedado vista para sentencia.

Una noche de verano, dos versiones y una herida abierta

Todo ocurrió la madrugada del 10 al 11 de julio de 2021. Dos amigas gijonesas conocieron a cuatro jóvenes portugueses en un pub de la zona de Fomento. La conversación fue animada, según relataron las víctimas, y uno de los chicos propuso seguir la noche en el piso turístico donde se alojaban, en el barrio de El Carmen.
Hasta ahí, nada fuera de lo común. Las jóvenes aceptaron, pensando que se trataba de una invitación inocente y con la idea de mantener una relación consentida con uno de ellos. Pero lo que, según su versión, empezó como una cita terminó en una violación en grupo.

Ante el tribunal, las denunciantes describieron una escena de terror, en la que se vieron rodeadas, inmovilizadas y sometidas por los cuatro hombres. Dijeron que no pudieron escapar ni pedir ayuda. Que uno tras otro las forzaron, y que después los agresores las dejaron marchar “como si nada hubiera pasado”.

Los acusados, que ayer declararon con intérprete, ofrecieron el relato inverso. Aseguraron que las chicas fueron quienes propusieron mantener relaciones con todos, que “reían, se movían con naturalidad y consintieron”. Ninguno de los cuatro, insisten, percibió negativa alguna. “Si hubiésemos notado que no querían, nos habríamos detenido”, dijo uno de ellos.

El peso de la palabra y la ausencia de testigos

La sala, cerrada a la prensa por orden judicial para preservar la intimidad de las víctimas, escuchó los testimonios con una frialdad metódica. No hay vídeos, no hay testigos directos. Solo los informes médicos, los análisis forenses y los recuerdos fragmentados de una noche que ahora el tribunal deberá reconstruir.

En este tipo de casos, donde todo se juega en la línea invisible del consentimiento, el relato de las víctimas cobra un valor esencial. La Fiscalía subrayó la coherencia de sus declaraciones, mantenidas sin contradicciones a lo largo de los cuatro años de instrucción, y la “clara sensación de intimidación y sometimiento” que describieron.

La defensa, en cambio, trató de desmontar ese argumento recordando que no hubo señales físicas de violencia ni lesiones compatibles con una agresión forzada. “Todo fue voluntario”, repitieron los abogados, criticando que el caso se haya “sobredimensionado mediáticamente” desde el primer día por tratarse de una presunta violación en grupo y con ciudadanos extranjeros implicados.

Cuatro años y tres meses después

El proceso se ha prolongado más de lo previsto. Los acusados fueron detenidos aquel mismo fin de semana, cuando se disponían a regresar a Portugal. Dos de ellos pasaron meses en prisión preventiva en Asturias antes de quedar en libertad con cargos, bajo control judicial, mientras se resolvía la causa.
La investigación, los informes psicológicos y la coordinación internacional con Portugal alargaron los plazos. Cuatro años después, los cuatro regresaron a Gijón para enfrentarse al juicio que podría cambiarles la vida.

Las penas que se piden

La Fiscalía solicita hasta 10 años de prisión para el principal acusado, al que considera responsable directo, y penas de entre 2 y 6 años para los otros tres, además de indemnizaciones y la prohibición de acercarse a las víctimas.
La acusación particular, que representa a las dos jóvenes, va más allá: 22 años de cárcel y reconocimiento explícito de violación múltiple.
La defensa, por su parte, pide la absolución de los cuatro hombres y acusa al proceso de “exceso punitivo” y “presión mediática”.

La justicia frente al consentimiento

Este caso, como tantos otros desde la llamada ley del solo sí es sí, obliga al tribunal a una tarea delicadísima: distinguir entre el consentimiento y la ausencia de oposición.
Las jóvenes aseguran que se paralizaron por el miedo, que no pudieron reaccionar, y que la superioridad numérica anuló cualquier posibilidad de decir no.
Los acusados alegan justo lo contrario: que no hubo negativa explícita, que ellas participaron libremente y que se sintieron después “traicionados y humillados” por una denuncia que consideran falsa.

No hay pruebas que despejen del todo esa zona gris. Solo la interpretación judicial de la escena, los testimonios y los indicios.

Asturias, espejo de una realidad que se repite

El juicio de Gijón no es un caso aislado. En los últimos tres años, Asturias ha duplicado el número de denuncias por agresiones sexuales grupales, según los datos del Observatorio de Violencia de Género.
Los pisos turísticos, los espacios de ocio y los encuentros con desconocidos se repiten en los sumarios. “El patrón es siempre el mismo: alcohol, jóvenes que apenas se conocen y una situación que se descontrola”, explican fuentes judiciales.
La Fiscalía ha advertido de que la violencia sexual colectiva se ha convertido en un fenómeno emergente, y que muchos casos quedan sin denuncia por vergüenza o por miedo a la exposición pública.

Visto para sentencia

El juicio terminó ayer con las palabras finales de los acusados, mirando al suelo, sin apenas contacto con las víctimas. No hubo gestos de arrepentimiento, pero tampoco de soberbia. Solo cansancio. Cuatro años después, todo se reduce a la credibilidad de dos versiones irreconciliables.

Ahora el tribunal deliberará durante las próximas semanas.
Y en Gijón, una ciudad acostumbrada a convivir con el ruido de los veranos, quedará suspendida una pregunta incómoda, tan simple como devastadora:

¿Hubo deseo compartido o abuso encubierto?
¿Sexo consentido o violación?

La respuesta, como tantas veces, ya no está en la calle. Está en manos de la justicia.