El Gobierno asturiano analiza con lupa el plan de reestructuración de la histórica ingeniería gijonesa, en el que están en riesgo los 6 millones del préstamo público que la salvaron hace tres años. La empresa plantea quitas del 100%, venta de activos y un recorte de plantilla que parte en dos a su futuro.
Una empresa símbolo que agoniza
Duro Felguera no es solo una empresa; es parte del ADN industrial de Asturias. Fundada en 1858, fue símbolo de la ingeniería española durante más de un siglo. Hoy, sin embargo, su supervivencia pende de un hilo. La compañía atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia y el Gobierno del Principado, que hace apenas tres años acudió en su auxilio con un préstamo participativo de seis millones de euros a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), se enfrenta a la incómoda pregunta de si ese dinero volverá o se evaporará con las pérdidas.
La administración autonómica ha asegurado que analizará “con la máxima responsabilidad” el nuevo plan de viabilidad presentado por la empresa, consciente de que Duro Felguera no es un caso cualquiera. En juego no están solo unos millones, sino el pulso de la industria asturiana.
Un plan a la desesperada
El consejo de administración de Duro Felguera ha aprobado un plan de reestructuración que busca evitar el concurso de acreedores y ganar tiempo. Su contenido, sin embargo, muestra la magnitud del colapso:
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Quitas del 100% para varios préstamos y créditos, incluidos el participativo de la SRP y parte de la financiación sindicada.
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Reestructuración de deuda con la SEPI, que ya rescató a la empresa en 2021 con 120 millones de euros.
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Venta de activos no estratégicos, entre ellos su emblemática sede de Gijón, por la que ha recibido una oferta de 13,6 millones.
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Reducción de plantilla: de más de mil trabajadores a unos 500, tras un ERE que afectará inicialmente a 180 empleados.
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Inyección de 10 millones por parte del grupo mexicano Prodi, nuevo accionista de control, que se compromete a abrir mercado en Latinoamérica y garantizar liquidez inmediata.
La empresa pretende presentar el plan ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón antes del 30 de octubre, buscando su homologación judicial y el aval de acreedores y organismos públicos.
El dinero público bajo sospecha
Los seis millones aportados por el Principado fueron concebidos como un apoyo temporal para mantener el empleo y la actividad en un momento de emergencia. Hoy, esa inversión está incluida en la lista de créditos que podrían quedar sin recuperar si se aprueba la quita.
En términos contables, supondría la pérdida total del préstamo público, y en términos políticos, un golpe directo al discurso de apoyo al tejido industrial.
El Ejecutivo regional defiende que actuó “con sentido estratégico” para evitar el cierre de una empresa con más de 160 años de historia y una red de proveedores que da empleo indirecto a miles de personas. Pero el debate ya está servido: ¿fue una ayuda o una ruina diferida?
Prodi toma el timón
El grupo mexicano Prodi, accionista desde 2023, ha prometido convertir su préstamo de 10 millones en capital y buscar nuevos proyectos en América Latina. De facto, pasará a controlar la compañía tras la reducción y ampliación de capital previstas.
La entrada de Prodi supone un cambio de mando en una empresa que durante décadas fue símbolo del ingenio industrial español. La nueva dirección busca simplificar la estructura, vender activos y concentrarse en proyectos de energía e ingeniería, dejando atrás un modelo de expansión que había multiplicado riesgos y pérdidas.
El precio social del rescate
En el lado humano, el plan implica una poda brutal: casi la mitad de la plantilla perderá su empleo. Los sindicatos advierten de un “desmantelamiento encubierto” y reclaman garantías de recolocación. En Gijón y Langreo, donde la compañía mantiene sedes y talleres, el malestar es evidente.
Los trabajadores recuerdan que el rescate público fue anunciado como un “salvavidas para proteger el empleo”, y que ahora, tres años después, ese argumento parece desmoronarse.
La herida de la deuda y el litigio exterior
A todo ello se suma un conflicto judicial con la empresa pública argelina Sonelgaz, que reclamaba más de 400 millones de euros por incumplimiento de contrato en una central eléctrica. Aunque las negociaciones recientes apuntan a un principio de acuerdo, el riesgo sigue latente.
Además, las pérdidas acumuladas de Duro Felguera superaron los 98 millones en 2024, dejando su patrimonio neto bajo mínimos.
Asturias ante el espejo
Para el Principado, Duro Felguera representa algo más que una cifra en los balances. Es el emblema de una Asturias industrial que resiste a duras penas los cambios del siglo XXI. Por eso el Ejecutivo autonómico insiste en que revisará “con rigor extremo” el plan antes de decidir si respalda su homologación judicial.
Pero el dilema es evidente: si no apoya la reestructuración, la empresa puede entrar en concurso; si lo hace, probablemente perderá los seis millones públicos.
En cualquier caso, la operación pone a prueba la política industrial asturiana, que en los últimos años ha inyectado dinero en empresas con futuro incierto a cambio de salvar puestos que se evaporan con el tiempo.
Un presente incierto y un futuro en juego
El próximo 30 de octubre, cuando el plan se presente al juzgado, Asturias volverá a mirar a Gijón con el corazón encogido. De la decisión que se tome dependerá no solo el destino de una empresa centenaria, sino la credibilidad de toda una estrategia de rescate industrial.
Si Duro Felguera sobrevive, será una sombra de lo que fue. Si cae, arrastrará consigo millones de dinero público, cientos de empleos y el orgullo de una región que no se resigna a ver cómo sus fábricas se apagan una a una.