El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, confirmó ayer en la Junta General del Principado que el precio del módulo de la vivienda protegida subirá en Asturias, pero lo hará de manera inferior al incremento medio de los salarios acumulado desde la última revisión, realizada hace dos años. De este modo, el Ejecutivo asturiano frena las pretensiones de la patronal, que reclamaba un aumento de entre el 25 % y el 40 %.

La nueva cuantía se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el mismo día que la nueva Ley de Vivienda de Asturias. Además, Zapico adelantó que las futuras revisiones quedarán vinculadas al compromiso de los promotores de levantar un número concreto de promociones de pisos protegidos.

Balance de gestión y respuesta a críticas

El consejero se mostró “moderadamente satisfecho” con el grado de ejecución de su departamento y quiso responder a las críticas de la oposición con imágenes de las 572 viviendas en construcción destinadas al alquiler asequible. Subrayó que la actividad de obra pública es tan intensa que las empresas tienen que recurrir a andamios de Cantabria o León ante la falta de stock en Asturias.

También replicó a las quejas de la patronal CAC-Asprocon sobre las ayudas a la rehabilitación de fachadas, recordando que las subvenciones se abonan una vez finalizadas las obras. “Hay ayudas concedidas hace más de un año cuyas obras aún no se han iniciado”, aclaró. Además, destacó que Asturias ha recibido 10 millones de euros adicionales del Ministerio de Vivienda por haber cumplido los objetivos marcados, lo que permitirá ampliar el crédito disponible.

Suelo público y nuevas promociones

Zapico fue tajante al señalar que “el suelo público en Asturias es para construir vivienda pública, no para regalar a los constructores”. En este sentido, animó a los ayuntamientos a ceder terrenos al Principado para poder avanzar en promociones de alquiler asequible. Como ejemplo, citó la negociación ya cerrada con el Ayuntamiento de Oviedo, que permitirá edificar 305 viviendas públicas, y las conversaciones abiertas con los concejos de Tapia y Ribadesella.

SEDES: saneamiento y conversión en empresa pública

El consejero también dedicó parte de su intervención a la situación de la empresa pública SEDES, que ya ha saldado la mitad de la deuda contraída con acreedores y en julio acordó la salida voluntaria de diez trabajadores.

Zapico anunció que a mediados de octubre comenzará el proceso de selección del nuevo gerente y confirmó que de manera “inminente” se abrirán negociaciones con Unicaja, que posee el 40 % de las acciones, para convertir a la compañía en una sociedad íntegramente pública.