La suspensión de la última etapa en Madrid por protestas propalestinas abre un debate de fondo: ¿puede España seguir garantizando la seguridad en grandes eventos? ¿Es aceptable que un Gobierno dé alas a protestas que terminan por dañar la imagen del propio Estado?

La imagen dio la vuelta al mundo: la última etapa de la Vuelta a España, una de las tres grandes citas del ciclismo internacional, suspendida en pleno corazón de Madrid por las protestas de grupos radicales que bloquearon el recorrido. Ni podio, ni paseo final, ni ceremonia: el campeón Jonas Vingegaard fue proclamado en privado, mientras el eco de los disturbios se imponía a la épica deportiva.

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un Estado que boicotea al propio Estado?

Un final abrupto con eco político

El dispositivo policial, de alrededor de 1.500 agentes, no evitó que las marchas propalestinas, cifradas en más de 100.000 personas, colapsaran los accesos y obligaran a la suspensión. Hubo 22 agentes heridos y 2 detenidos, un balance que evidencia que sí hubo intervención, pero insuficiente para garantizar la seguridad de ciclistas y público.

La oposición señala al Gobierno como responsable indirecto: Pedro Sánchez respaldó la causa de las protestas y después condenó la violencia, en un gesto interpretado como doble discurso. La UCI (Unión Ciclista Internacional) fue aún más lejos y denunció la “instrumentalización política del deporte, en particular por parte de un Gobierno”.

En paralelo, los sindicatos policiales apuntan a la existencia de órdenes políticas de contención: no intervenir con la contundencia habitual para evitar imágenes de represión. La Delegación del Gobierno lo niega, pero la sospecha persiste: ¿hubo un cálculo político que terminó sacrificando un evento deportivo de primera magnitud?

España, ¿un país aún fiable para los grandes eventos?

El mensaje que se proyecta es inquietante. Si un final de La Vuelta no se puede garantizar en Madrid, ¿qué pasará con otras citas internacionales que dependen de la seguridad y la estabilidad como pilares básicos? España se juega aquí algo más que una carrera ciclista: su reputación como país organizador fiable.

El boicot ha mostrado que una minoría organizada puede torpedear un evento global si las instituciones optan por la pasividad o la condescendencia. La duda está sobre la mesa: ¿seguirá confiando el mundo deportivo en España? ¿O se abre un escenario de desconfianza que afectará a futuras candidaturas deportivas, culturales o políticas?

El coste del boicot

El golpe no solo fue simbólico, sino también económico:

• El Ayuntamiento de Madrid comprometió 350.000 euros en visibilidad vinculada a la etapa final. Al suspenderse, ese contrato queda en entredicho.

• La Comunidad de Madrid había invertido otros 45.000 euros, que en este caso sí se materializaron parcialmente.

• A ello se suma el impacto en la proyección internacional: la última etapa de la Vuelta es retransmitida a decenas de países y genera una imagen de marca-país valorada en millones de euros en publicidad indirecta.

En total, más de 400.000 euros de inversión pública directa se han visto comprometidos, sin contar el daño reputacional y la pérdida de retorno turístico, hotelero y comercial asociado al evento.

¿Un Estado que dinamita su propia imagen?

El caso de la Vuelta 2025 deja una paradoja dolorosa: el propio Gobierno que debería proteger la imagen del Estado ha sido acusado de alentar el clima político y social que terminó por empañarla.

¿Puede un país permitirse que una política de gestos o un exceso de cálculo electoral boicotee su marca internacional?
¿Dónde queda la responsabilidad del Estado cuando el resultado es la suspensión de un evento que debería haber sido una celebración global?

El riesgo es claro: si se percibe que España no puede garantizar la seguridad de sus grandes eventos, otros países ocuparán ese espacio de confianza. Y en un mundo donde la reputación cuenta tanto como las cifras, eso equivale a perder peso político y económico.

La suspensión de la última etapa de la Vuelta no es solo un fracaso logístico. Es un aviso político y diplomático. Si el Estado aparece como incapaz de garantizar su propio orden, o peor aún, como cómplice indirecto de su boicot, la pregunta ya no es quién ganó la carrera, sino si España puede seguir jugando en la liga de los países fiables para acoger grandes citas internacionales.