El Principado habilitará aulas en residencias públicas para formar a jóvenes y migrantes en riesgo de exclusión y cubrir las más de 10.000 vacantes en cuidados sociosanitarios

Asturias se enfrenta a un horizonte desolador: no hay suficientes manos para cuidar de quienes más lo necesitan. La red pública de cuidados —residencias, centros de día y atención domiciliaria— ya no puede cubrir ni la demanda actual, y el problema no hace más que crecer. La región necesita más de 10.000 nuevos profesionales sociosanitarios antes de 2030, y las bolsas de empleo están prácticamente vacías.

Ante esta emergencia, el Gobierno del Principado ha activado una medida inédita: transformar las residencias públicas del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) en aulas de formación profesional. Allí se capacitará, de forma preferente, a personas menores de 30 años o migrantes extracomunitarios en situación de vulnerabilidad, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o del salario social asturiano. El objetivo es doble: incluir socialmente a quienes hoy dependen de ayudas públicas y garantizar que mañana haya personal cualificado para atender a una población cada vez más envejecida.

El proyecto contempla que estas aulas estén repartidas por toda Asturias, especialmente en los concejos donde más escasea la oferta formativa y donde más urge cubrir vacantes. Los centros del ERA cederán sus instalaciones —salas accesibles, camillas, material sociosanitario— para convertirlas en espacios homologados donde impartir formación práctica y acreditada. A lo largo de este año, una comisión técnica está inspeccionando centro por centro para definir cuáles cumplen los requisitos arquitectónicos y logísticos, y establecer así una hoja de ruta que deberá estar completada antes del 31 de diciembre.

En paralelo, ocho equipos comarcales de coordinación entre el SEPEPA, los Servicios Sociales y el ERA trabajan desde principios de año en detectar personas con capacidad para incorporarse al sector de los cuidados. El enfoque es claro: convertir beneficiarios en trabajadores, y hogares asistidos en espacios formativos.

Los números son demoledores. Asturias será una de las regiones más envejecidas de Europa antes de 2030. Más de 1.400 personas murieron el pasado año sin haber recibido las ayudas a las que tenían derecho por dependencia. Las listas de espera para plazas residenciales crecen. Y cada vez hay más mayores solos, más dependientes sin red familiar y más cuidadoras agotadas que se ocupan solas de familiares con enfermedades crónicas, movilidad reducida o deterioro cognitivo.

El sistema se resquebraja. Las empresas del sector denuncian que no encuentran personal ni para cubrir los turnos más básicos, incluso en grandes ciudades como Gijón, Oviedo o Avilés. En las zonas rurales la situación es aún más extrema: se cancelan servicios de ayuda a domicilio por falta de profesionales. Las condiciones laborales precarias, la falta de estabilidad y los horarios difíciles hacen que muchos rechacen estas ofertas, pese a la alta empleabilidad del sector.

Mientras tanto, desde los despachos se multiplican los informes que apuntan a lo mismo: el cuidado de mayores será uno de los principales retos sociales, económicos y laborales de la próxima década. Y la pregunta ya no es si seremos capaces de afrontarlo, sino quién lo hará.

Porque, si nadie forma, nadie contrata y nadie quiere cuidar, ¿quién estará ahí cuando nos toque el turno de depender?